fue realmente divertida la reacción de los populares gandienses ante el vendaval que se llevó por delante los paneles informativos del Passeig de les Germanies montados por el gobierno local para reivindicar su gestión. Poco menos que vieron en ese desbarajuste meteorológico la intervención los dioses eólicos haciendo justicia poética. Quizás anticipando lo que pasó después, el PP local condenó airadamente la iniciativa propagandística del bipartito: era inapropiada y un carísimo autobombo, pues costaba nada menos que 15.000 euros.

Lo malo es que ni siquiera bufando con ímpetu justiciero pudieron los dioses barrer de la memoria de los gandienses las cantidades millonarias que, durante el gobierno de Torró, se destinaron a exaltar los logros de Torró y de los subordinados de Torró, por fantasiosos o ruinosos que fueran unos y otros. Entre cómico y pasmoso denunciaba Soler esta semana el derroche propagandístico del gobierno. Era el mismo Soler de quien hace ahora un año se supo que había sido investigado por la Policía Judicial de la Guardia Civil por sus conversaciones con Alejandro de Pedro, el «conseguidor» de la trama «Púnica» que, entre otras hazañas, se dedicaba a montarle chiringuitos propagandísticos al PP pagados con dinero público.

Si la política local se estudiase en las escuelas, es muy probable que los niños se preguntasen espontáneamente cómo es posible que los censores y manirrotos de ayer bufen hoy su indignación contra prácticas políticas que, comparadas con las suyas, parecen cosa de aficionados, de gente tibia que destina a la promoción de su gestión cifras ridículas a las que siempre parece faltarles un cero o dos a la derecha.

Ese penúltimo caso de alucinante osadía política, que hace de la falta de escrúpulos el único valor reconocible, ya ha durado y costado demasiado. El PP, como cualquier partido (y como en este caso ha hecho Cs) tiene todo el derecho a criticar las acciones del gobierno que crea inadecuadas. Pero los herederos de Torró no tienen el mismo derecho que Palmer, sin cuentas pendientes con la responsabilidad política más elemental. Esa situación crea un serio problema de legitimación institucional que no solo incumbe al PP gandiense, porque se relaciona con la regulación de las reglas del juego democrático y con los motivos por los cuales votamos en las urnas. Al final se trata de que las instituciones funcionen, y no pueden funcionar sin que quienes nos representan en ellas asuman responsabilidades, códigos de conducta o un mínimo sentido de la realidad. El rechazo absoluto de la regeneración política ha convertido al PP de Gandia en una formación totalmente desanclada de la realidad objetiva condenándole a una agónica huida hacia delante. Deberían haberlos echado a todos cuando liquidaron a Torró, porque a estas alturas el PP local, más que una regeneración o una puesta al día, necesita un vendaval.