Del anuncio del gobierno de Gandia de bajar impuestos en este 2018, algo que hasta el momento no se ha podido materializar, se ha pasado a un posible incremento del 4% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esa es la orden, ejecutada mediante decreto-ley, que el Gobierno de España ha dictado para los ayuntamientos que, como el de Gandia, están sometidos a un Plan de Ajuste económico, sufren inestabilidad financiera y no han revisado el valor catastral de sus inmuebles desde el año 2003.

La capital de la Safor entra de lleno en esa situación y, consiguientemente, el decreto de Mariano Rajoy, publicado el penúltimo día del año pasado, se tendría que aplicar en esta ciudad y se traduciría con una subida del recibo del IBI de un 4%.

Es, sin duda, una pésima noticia para los habitantes de una ciudad que vieron cómo el IBI y otros impuestos se elevaban hasta el máximo permitido para pagar una factura de casi 350 millones de euros en deudas acumuladas en las legislaturas anteriores.

La buena noticia es el compromiso dado por el gobierno de Gandia, que ayer aseguró que hará lo que sea necesario para que los ciudadanos no vean incrementado el recibo del IBI respecto a lo pagaron el año anterior.

Según explicaron la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, el concejal José Manuel Prieto y el coordinador de Economía, Salvador Gregori, lo primero que harán será solicitar al Ministerio de Hacienda que «por la excepcional situación de Gandia», aquí no se aplique la revisión del valor catastral decretada por Rajoy. Si eso no surte efecto, algo que es muy probable, entonces se modificarán las ordenanzas fiscales municipales para, «dentro de la ley», compensar ese 4% de incremento con una bajada del tipo impositivo. De esa manera, el recibo final que pagarán los ciudadanos no variaría respecto al año anterior.

Lorena Milvaques señaló ayer, al anunciar esta «rebelión» contra el decreto de Rajoy, que la decisión del Gobierno de España es «una dura noticia» porque «el ayuntamiento durante los últimos dos años y medio ha seguido la hoja de ruta que nos ha marcado el Ministerio de Hacienda» para reducir la deuda municipal y situarse en el camino de la estabilidad financiera.

Por ese motivo la vicealcaldesa anunció una «lucha política» para la que espera contar con el apoyo de todas las formaciones de la ciudad, incluyendo el PP, que gobierna en España y que ha aplicado esta medida de forma unilateral para evitar que los ayuntamientos ahogados económicamente caigan en situación de colapso, pero a costa de los bolsillos de sus ciudadanos, muchos de los cuales atraviesan una situación no menos crítica en sus economías personales o familiares.

José Manuel Prieto, por su parte, dijo que el Gobierno español «está castigando a quienes están cumpliendo con los deberes» y fue contundente al señalar que, de la manera que sea, «no consentiremos una nueva subida de impuestos», para lo cual, añadió, «recogeremos firmas casa por casa y tienda por tienda» para trasladar el malestar hasta el Ministerio de Hacienda.

Los ciudadanos de Gandia ya saben lo que es pagar las facturas del pasado mediante su obligatoria aportación a las arcas públicas. El PP, en la pasada legislatura, se vio obligado a subir el IBI en dos ocasiones, sumando un 21% en los cuatro años de su gestión. Cuando llegó el nuevo gobierno local del PSPV-PSOE, también fue forzado por el Ministerio de Hacienda a un incremento que alcanza el 24% y que afectó a otros impuestos. Todo ello sitúa la carga impositiva de esta ciudad entre las más duras de España.