Quienes el año pasado en Gandia pagaron 100 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en este 2018 pagarán 99 euros. Un recibo de 500 euros se queda en 495, y uno de 1.000 pasará 990. Es apenas un 1%, pero es, a criterio de los grupos municipales del PSPV-PSOE, Més Gandia y Ciudadanos, lo máximo que se ha podido hacer.
En realidad, lo que esos tres partidos han acordado aprobar el lunes próximo es una rebaja en el tipo impositivo del IBI del 5%, pero a los ciudadanos les va a quedar solo el alivio del 1% por culpa del decreto de Mariano Rajoy que, sin consulta ni acuerdo con el ayuntamiento, ha decidido incrementar los valores catastrales de Gandia en un 4% este mismo año.
Aunque los números a veces mareen, en este caso la operación es sencilla: Rajoy sube el IBI cuatro puntos porcentuales y el ayuntamiento lo baja cinco. Eso permite al Gobierno local gandiense cumplir, siquiera sea de forma muy suave, la promesa hecha hace unos meses de que, en la medida de sus posibilidades, rebajaría los impuestos.
Diana Morant (PSPV), Lorena Milvaques (Més Gandia) y Ciro Palmer (Ciudadanos), anunciaron ayer este acuerdo, pero especialmente Morant y Milvaques no escatimaron en duras críticas al PP porque, según revelaron, durante meses han intentado que el Ministerio de Hacienda autorizara una rebaja de impuestos mucho mayor para este 2018, sin que hayan obtenido respuesta.
En ese sentido, cabe recordar que, sometida al Plan de Ajuste Económico para liquidar una deuda de casi 350 millones de euros, Gandia no es dueña de su destino. Es el Gobierno de España quien tiene la paella por el mango a la hora de autorizar las principales actuaciones en materia fiscal y económica. Y la fórmula que aplica el ministerio de Cristóbal Montoro no es otra que la de mantener, e incluso incrementar, los impuestos que los ciudadanos pagan para devolver los excesos de gasto, y también de despilfarro, que Gandia cometió en el pasado.
Pese a eso, la bajada de impuestos anunciada por Morant, Milvaques y Palmer será legal. Un informe del Interventor señala que, a pesar de una reducción de ingresos del 1% para este año, Gandia va a mantener el global de la recaudación del IBI gracias a la incorporación de nuevas unidades fiscales (mayoritariamente viviendas), condición que el Ministerio de Hacienda impone para dejar ese mínimo margen de maniobra en la política fiscal de un ayuntamiento que, previsiblemente, estará técnicamente intervenido al menos hasta el año 2032, como fija el Plan de Ajuste.
Los tres líderes de los partidos que desde el inicio de esta legislatura han soportado la política económica que ha situado al ayuntamiento en la senda de la estabilidad y de la normalización tras los excesos del pasado aprovecharon su intervención para solicitar a los concejales del PP que se sumen a la propuesta y el lunes próximo voten a favor de la rebaja del IBI.
Esta será la primera reducción impositiva de Gandia después de que el PP subiera el IBI un 21% entre 2011 y 2015 y que el actual Gobierno local aplicara otro incremento del 24%.
