Iniciatives Públiques Gandia (IPG) ha dejado de existir. Las siglas que en los últimos años se han relacionado con procesos judiciales, escándalos, despilfarros de dinero público, pérdida y robo de ordenadores con documentación oficial y, lo peor, un lastre para la economía local que los gandienses tendrán que pagar durante años con sus impuestos, desapareció ayer del Registro Mercantil.

La extinción de IPG, que era una promesa electoral del PSPV-PSOE, Més Gandia y Ciudadanos, se ha materializado gracias a estos tres grupos políticos que, desde el principio de esta legislatura, sostienen con sus votos la gestión económica del ayuntamiento. Y ayer se quiso transmitir la noticia como un «hecho histórico» y un cumplimiento de la palabra dada a los ciudadanos.

La alcaldesa Diana Morant (PSPV-PSOE), la vicealcaldesa Lorena Milvaques (Més Gandia) y el concejal Ciro Palmer (Ciudadanos), cuyos grupos suman la mayoría absoluta de la corporación y unidos impidieron que el PP siguiera gobernando Gandia, no se reprimieron y, al anunciar la extinción de IPG, volvieron a resumir algunos de los escándalos en los que ha estado metida esta mercantil de capital cien por cien municipal creada en 2006 y que, con el tiempo, se convirtió primero durante la legislatura del PSPV y Plataforma de Gandia, pero especialmente durante la mayoría absoluta del PP, en una administración paralela, opaca, generadora de deuda y mecanismo para dar cumplimiento a proyectos ruinosos esquivando todos los controles administrativos.

Ayer, entre unos partidos y otros, recordaron que de esa caja de dinero público salió el viaje de los Borja, los anteproyectos de obras que nunca se convirtieron en realidad, los ruinosos «maremágnum» y el Mercat de la plaza del Prado o las distintas actividades de ocio y espectáculo que poblaron las calles de Gandia y la playa cuando ya se tenía que haber puesto freno al gasto público para no incrementar la abultadísima deuda municipal.

Al margen de esos «recuerdos» que IPG deja en su balance, lo más importante del proceso de liquidación que el Gobierno local inició en el primer minuto de esta legislatura es que, pese a las decenas de millones de euros que se heredaron en facturas y pagos pendientes, el trámite ha permitido que el ayuntamiento pague el cien por cien de sus obligaciones a todos los proveedores.

Así, y pese a la posibilidad de haber aplicado el concurso de acreedores, habida cuenta que IPG estaba en la quiebra absoluta, PSPV-PSOE, Més Gandia y Ciudadanos rechazaron esa fórmula, que seguramente habría desembocado en una brutal quita de las facturas, y optaron por pagar la totalidad de sus obligaciones.

La alcaldesa, Diana Morant, dijo ayer que, pese a los problemas que eso ha supuesto y al hecho de tener que asumir decenas de millones extra para el ayuntamiento, esa era «la opción más justa» porque, al margen de la mala e irresponsable gestión realizada por los políticos que la han dirigido, IPG era una mercantil que tenía el ayuntamiento como socio único y, por lo tanto, para liquidarla se ha actuado como si fuera Administración. Los proveedores, obviamente, son los primeros que han agradecido este proceso para dejar las siglas IPG en el baúl de los malos recuerdos.