Marta Moscardó Ferrando, la empresaria que ganó el concurso para la gestión de las «escoletes» públicas de Gandia y a la que esta misma semana el Gobierno local le retiraba el servicio por no presentar cierta documentación que le reclamaba, piensa plantar batalla judicial contra el ayuntamiento por esta decisión.
En una rueda de prensa que tuvo lugar ayer ante lo que calificó «informaciones interesadas» por parte del Ejecutivo local, Moscardó apuntó que su intención es presentar un contencioso administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que pedirá la suspensión cautelar de la retirada de la gestión. Eso sí, lo hará, aseguró, cuando tenga la notificación oficial «porque a día de hoy no me ha llegado», indicaba. Además, se mostró muy molesta porque «me he enterado por la prensa».
La empresaria mostró una serie de documentación con la que acreditaba que ya había presentado todo lo que se le requería en los pliegos, algo que, a su entender y el de su agobado, ya da por válido para que la adjudicación sea correcta de pleno derecho.
El Ayuntamiento de Gandia, como ya explicó Levante-EMV el pasado jueves, le solicitaba, además de la documentación fijada en las cláusulas de la licitación del concurso público, un poder en el que se acreditara la solvencia económica de la empresa Serunión SL, la cual ella ha presentado como aval, y otro en el que demostrara que la persona ligada a esta mercantil que se presentaba como apoyo de Moscardó, Antonio Llorens (director general de Serunión), realmente daba su apoyo a la adjudicataria en la gestión de las «escoletes». Ambos documentos, además, debían ser elevados a escritura pública.
La empresaria insiste en que «no voy a presentar más documentación extra a la que exige el pliego» y, a preguntas de esta periódico, aseguraba, además, que lo hace «por orgullo, el mío y el de Serunión, que es una empresa que factura 17 millones de euros al año y no entiendo cómo se puede poner en duda su solvencia». La profesional indicaba, a su vez, que, «Serunión ha participado en miles de contratos y nunca había vivido lo que le está pasando aquí en Gandia».
Marta Moscardó criticó también que esta situación genera incertidumbre tanto a los padres como a las trabajadoras.
Desde el grupo municipal del PP, su portavoz, Víctor Soler, pidió ayer la dimisión, tanto de José Manuel Prieto, concejal de Contratación, como de Laura Morant, responsable de Educación.
«Hace tres años prometieron que les 'escoletes' serían públicas y gratuitas. Y tres años después son privadas y valen el doble de lo que costaban con el PP», señaló el concejal. Para Soler, «Prieto pasará a la historia, como el 'concejal chapuzas' de Contratación. Todo lo que toca, se convierte en un absoluto desastre: Urbanet, SaforBici, Centro Deportivo Roís de Corella, etc».
Desde el Ayuntamiento de Gandia la respuesta llegó de mano de los dos interpelados por parte de los populares, el concejal de Contratación, José Manuel Prieto, y de la edil de Educación, Laura Morant. El primero aseguró que la decisión de no aceptar una prórroga de tres días que reclamaba la empresa para presentar la documentación y, por tanto, suspender la adjudicación, estaba avalada por los servicios jurídicos del consistorio. «El ayuntamiento ha sido transparente y eficaz en el proceso de adjudicación», señaló el concejal. Prieto insistió en que «la prestación del servicio, en este momento, es privada pero la titularidad de los centros es pública y vamos a hacer valer eso para que no haya incertidumbre en la prestación del servicio», apuntó.
El concejal, a su vez, espetó al PP que «si tuviera vergüenza harían memoria del procedimiento de licitación y la privatización, que ha sido el verdadero desastre de las 'escoletes'».
Por su parte, Laura Morant hizo hincapié en que el servicio está garantizado y que «las trabajadoras van a ser las mismas esté esta empresa u otra el próximo curso». La edil también insiste en que «la única estrategia del PP en estos momentos es jugar con los padres y madres». Lamenta, por otra parte, «que no se hayan podido bajar los precios», algo que achaca a que «la empresa ha incumplido los requerimientos del ayuntamientos».
