La macroplanta de tratamiento y eliminación de residuos de Llanera de Ranes, junto a Xàtiva, ha pasado a mejor vida. La Conselleria de Medio Ambiente ha dado la estocada definitiva a la polémica instalación dos años después de que la asamblea de alcaldes del Consorcio de Residuos V5 (COR) acordara por amplia mayoría pedir su paralización. Con el inicio de la tramitación del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR), la Generalitat ha facultado a este organismo que agrupa a 93 municipios de la Safor, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida y el Valle de Ayora para liquidar su antiguo proyecto de gestión y ser el primero en elaborar un esquema de actuación a 25 años vista que se ajuste a la normativa actual y a las directivas europeas, mucho más exigentes que en 2009. La inversión en infraestructura, inicialmente proyectada en 100 millones de euros, podría quedar reducida a más de la mitad.

Modificación del contrato

En ese sentido, en 2019 estará operativa la planta de biorresiduos de Ayora, a tiempo que algunos municipios, Ròtova en el caso de la Safor, se han ofrecido también para albergar este tipo de instalaciones de materia orgánica de media escala. Se proyectan tres a medio plazo que reducirían en 29.000 toneladas las toneladas de rechazo.

Sumadas a las islas de compostaje en 15 pueblos de menos de 350 habitantes y a la nueva y extensa red consorciada de ecoparques de recogida selectiva, podrían bastar dos pequeñas plantas de tratamiento para los deshechos resultantes. Las principales candidatas para albergarlas son Vallada (la Costera) y Bufali (la Vall d'Albaida), aunque en las próximas semanas, se creará una comisión técnica para decidir cuántas instalaciones se ejecutarán y dónde.

Los equipos técnicos y jurídicos del COR llevan más de un año preparándose para el nuevo escenario y la empresa concesionaria de la gestión de residuos, Vytrusa, se muestra dispuesta a adaptarse al reto. Ahora bien, Vytrusa no renunciará por las buenas al contrato de 460 millones de euros que se adjudicó en 2009. La mercantil y el Consorcio han de negociar su modificación, que podría acarrear indemnizaciones económicas de millones de euros.

Un proyecto de legislatura

Lo que también queda claro es que los trámites que ahora se inician para diseñar ese mapa de instalaciones de tratamiento de la basura se prolongará muchos meses e irá más allá de la presente legislatura. Los encargados de aprobar el proyecto definitivo seguramente serán quienes surjan de las elecciones municipales y autonómicas de junio de 2019, dado que, en la basura, la competencia está tanto en el ámbito local como en la Generalitat, que tiene la última palabra en todo este asunto.