Xeraco es el primer municipio de la comarca condenado por colgar la bandera republicana

La denuncia parte de la Delegación del Gobierno, que consideraba que aquel gesto, ejecutado por quien entonces era concejal del Gobierno, Iván de los Ángeles, de EUPV, suponía una alteración de símbolos externos y representativos, algo que el titular de este organismo, Juan Carlos Moragues, consideraba «contrario a derecho».

Sin embargo, en la sentencia, el juez deja claro que la exhibición de la enseña con los colores rojo, amarillo y morado no contraviene la ley de símbolos, en tanto que la tela fue instalada a un lado de la fachada municipal, era de un tamaño menor y no entorpecía la bandera nacional oficial. «No se aprecia menoscabo de la preeminencia y honor de la bandera de España», indica la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

En cambio, y como ya ha ocurrido en otros ayuntamientos que también han sido objeto de resoluciones judiciales en contra por esta acción como es el de Barxeta, el juez se centra en el uso que hace de la fachada uno de los miembros del Ejecutivo xeraquero y es ahí donde se centra para aceptar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Delegación del Gobierno.

Así, en la sentencia considera que la colocación de la bandera republicana supone «la utilización de un edificio público para la promoción de una determinada opción política». Es por tanto que, insiste el magistrado, «resulta excesivo respecto del uso del servicio público que justifica la afección del bien» y acusa al edil de realizar «un uso parcial» de un edificio público, en tanto que la bandera republicana supone la expresión de una determinada opción ideológica.

Con esos argumentos, el juez asegura que Xeraco «infringió el ordenamiento jurídico» y «vulneró el principio de objetividad que debe orientar toda actuación administrativa».

La decisión judicial, en realidad, no tiene ningún efecto, en tanto que el hecho se produjo ese 14 de abril y la bandera se retiró al día siguiente. Si bien, lo único que impone el juez al Ayuntamiento de Xeraco son las costas del proceso, que, en todo caso, no sobrepasarán los 1.500 euros como apunta la propia sentencia.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Xeraco, Avelino Mascarell, exalcalde, se pronunció ayer sobre esta cuestión. A través de un comunicado denunció que «el concejal Iván de los Angeles accedió al edificio consistorial el Viernes Santo de 2017, por lo que hizo uso de las llaves del ayuntamiento para sus motivos ideológicos, abusando de sus prerrogativas como concejal».

Para Mascarell, «esta condena vuelve a situar al gobierno de Xeraco fuera de la legalidad», ya que, según dijo, «se suma a otras anteriores por vulneración de derechos fundamentales».

El Partido Popular de Xeraco exigió, además, que sean los propios concejales del gobierno los que se hagan cargos de las costas y «eviten que sean los ciudadanos con sus impuestos los que paguen sus caprichos».

Tavernes espera sentencia

Xeraco no es el único municipio de la Safor que fue denunciado por la Delegación del Gobierno por colgar la bandera republicana. En la lista de nueve ayuntamientos a los que se llevó ante el juez está también Tavernes de la Valldigna. Aunque por el momento, el departamento de Moragues está ganando todos los recursos, desde esta localidad confían en que no ocurra lo mismo allí. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la diferencia está en que en este municipio no fue una decisión de alcaldía o de un concejal, sino que se tomó por la mayoría del pleno, por lo que confían en este resquicio para que el juez desestime el recurso.