09 de mayo de 2018
09.05.2018
GANDIA Polémica tras la investidura

No hubo asalto a los despachos

La Audiencia Provincial archiva de forma definitiva la denuncia de Torró y su equipo por impedirles acceder a sus puestos de trabajo

09.05.2018 | 10:46
Torró firma las actas de arqueo el día del cambio de gobierno.

Punto y final al caso del «asalto de los despachos» en Gandia. La Audiencia Provincial de València ha concluido que no se produjo ni uno solo de los delitos de los que el exalcalde de Gandia (PP), Arturo Torró, y parte de su equipo de confianza, acusaba a la alcaldesa, Diana Morant, al actual coordinador general de Economía, Salvador Gregori, y a los funcionarios Vicent Todolí y Lorenzo Pérez Sarrión (secretario) al impedirles acceder a los despachos el día en que se produjo el cambio de Gobierno local en la ciudad, el 13 de junio del 2015, y la primera jornada laboral, el 15 del mismo mes.

Levante-EMV, archiva, por segunda y definitiva ocasión, la denuncia que el propio Torró, Gonzalo Morant, exgerente de IPG, Lola Moncho, trabajadora de la empresa pública, la funcionaria Cristina Serrano y los asesores Alba Frasquet y Carlos Moncho presentaron, más de un año después de que se produjeran, por los supuestos delitos de «amenazas, falsedad documental y prevaricación».

En diciembre del 2017, la titular del juzgado número tres de Gandia archivaba la causa al considerar que no existían indicios suficientes que probaran los delitos con los que anteriores dirigentes locales pretendían manchar a los actuales. Los querellantes recurrieron el sobreseimiento ante la Audiencia Provincial con la intención de aportar más pruebas. Ahora, en una decisión que ya es firme, este estamento judicial le ha vuelto a dar la razón a Diana Morant y el resto de imputados.

El mismo auto refleja la desproporción del relato de los hechos que realizan los denunciantes con lo que realmente ocurrió. Narran que personas como Vicent Todolí, Vicent Llorens o Salvador Gregori, entre otros, les impidieron acceder a los despachos que ocupaban durante la administración Torró con amenazas, improperios y muy malas formas. Lo cierto es que si se atiende a sus testimonios, parece que en la segunda planta del ayuntamiento se vivió una auténtica batalla campal durante el primer lunes después de la investidura de Morant.

El exalcalde llegó a decir que el mismo día de la investidura no le dejaron entrar al despacho a recoger sus pertenencias. Los querellados, en cambio, recuerdan la imagen, publicada por este periódico, en que se le ve, junto a dos de sus asesoras, abriendo los cajones de la mesa. Por otra parte, Javier Reig, quien durante la pasada legislatura fue persona de máxima confianza de Torró, reconoce que él mismo fue a buscar al exalcalde para que firmara las actas de arqueo.

Como se desprende del escrito judicial, incluso testigos propuestos por los propios denunciantes, además de los informes policiales, desmontan la versión de la existencia de escenas violentas, asegurando que lo único que se produjo fue «la tensión derivada de un cambio de gobierno». El auto entierra la acusación de amenazas e indica que «los recurrentes se nutren de un relato autoreferente» y apunta la «inexistencia de indicaciones racionales de los distintos episodios denunciados» y «ausencia de gesto violento ilegítimo de presión».

Para la falsedad documental, los querellantes se apoyaban en que los decretos que sustentaban las órdenes dadas por la recién nombrada alcaldesa, Diana Morant, se firmaron el día 16 de junio, cuando la ejecución de la prohibición de acceder a los despachos se llevó a cabo entre el 13 y el 15. Esto se debe a que no existía aún firma digital para la alcaldesa Diana Morant. En el auto, el tribunal apunta que «con las órdenes verbales se atiende a la más rápida la materialización de la voluntad de la autoridad».

En este punto, el auto es muy tajante al apuntar que la orden de impedir el acceso a los despachos por parte de quien habían sido sus ocupantes hasta ese día es ajustada a derecho y «en modo alguno se puede tachar de arbitraria». Es más, los propios magistrados reconocen que se trata de una medida «prudente» que buscaba «evitar alteraciones de documentación de la empresa pública municipal, IPG».

En tercer lugar, el tribunal desmonta la supuesta prevaricación asegurando que las personas que impidieron la entrada en los despachos lo hicieron en todo momento amparadas por una petición de alcaldesa. «Nunca dejó de existir orden para proceder como se hizo ni para distinguir personal del ayuntamiento y contratados laborales de IPG». El auto, por tanto, confirma que «no se aprecia ilegalidad en lo relativo al acceso al puesto de trabajo porque se incardina a la adopción de medidas cautelares y el intento de evitar el borrado de información».

Para la alcaldesa, Diana Morant, este nuevo archivo supone la demostración de que «todo fue un montaje del PP para desprestigiarme». Para la máxima autoridad municipal, «el tiempo pone a cada uno en su lugar» y «se ha demostrado que yo no soy como ellos. He venido a la política a mejorar la vida de nuestros vecinos».

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