El Juzgado Mercantil de Valencia ha admitido a trámite la acción de responsabilidad social presentada por la Junta General de IPG contra los anteriores consejeros de la empresa pública de Gandia, todos ellos del PP.
La demanda se ha cursado al considerar que se habían producido «daños económicos irreparables» en el patrimonio de la mercantil pública. Concretamente, la cantidad reclamada en la acción de responsabilidad social asciende a 3,3 millones de euros, según informó ayer el Gobierno local gandiense.
«La acción de responsabilidad social es una demanda mercantil que pretende que el Ayuntamiento de Gandia recupere las pérdidas que los anteriores gestores de IPG ocasionaron con su mala praxis», indica el comunicado.
El período que se juzgará es aquel en el que el Partido Popular promovió acciones «que se alejaban del objeto social de la empresa y del interés social. Entre otros, la compra del concesionario de la Citroën por 3,9 millones de euros, la reforma del mercado municipal del Prado por 1,2 millones, el alquiler de la discoteca Cocoloco, la compra del bowling, la gestión de los conciertos de verano o las millonarias inyecciones en publicidad en distintas empresas».
Los miembros del Gobierno local (PSPV y Més Gandia), con el apoyo de Ciudadanos, interpusieron este recurso, mientras que el PP votó en contra. El Gobierno local considera que la gestión del PP generó pérdidas por 28,4 millones de euros en IPG.
En respuesta a esa acción judicial, el exalcalde de Gandia y expresidente de IPG, Arturo Torró, señaló que la demanda presentada «se circunscribe al ámbito mercantil y presenta serias deficiencias, así como incoherencias». Torró explicó, también a través de un comunicado que «no casan ni las cifras, ni lo que se demanda, ni nada. Es inconsistente porque hubo una buena gestión al frente de IPG, al igual que en el ayuntamiento en su conjunto».
«Se acepta la admisión de la demanda por automatismo legal, es un formalismo y el Juzgado no revisa el fondo de la cuestión», dice Torró en su comunicado.
Por otra parte el exalcalde del PP señala que la demanda ha sido presentada en noviembre de 2017, y no en 2016, con el fin de que «prescribiera cualquier responsabilidad de los Consejos de Administración anteriores a la legislatura del PP».
Ante esta acción judicial Torró se mostró «tranquilo» porque «decaerá, como todas las demandas que nos han llegado a interponer. Es todo una estrategia para que desfilemos por los juzgados y manchar nuestro honor. Confiamos en la Justicia y pronto veremos cómo de nuevo archivan otra causa general contra el PP».
Junto a Torró, quienes figuran como demandados en esta acción son Guillermo Barber, Víctor Soler, Javier Reig y Lola Moncho, todos ellos del PP.
