Guillermo Barber, concejal del Partido Popular de Gandia, reveló ayer un decreto del Tribunal de Cuentas, dependiente de la Administración General del Estado, que archiva definitivamente la causa que ese mismo organismo abrió, de oficio, contra el exalcalde gandiense del PP, Arturo Torró, y contra quien fue gerente de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) durante la pasada legislatura, Gonzalo Morant.
En concreto, el Tribunal de Cuentas investigaba irregularidades en la concesión de créditos del Ayuntamiento de Gandia a IPG por valor de 6,3 millones de euros realizadas cuando el PP gobernó Gandia con mayoría absoluta y tomó el control absoluto de la empresa municipal. El dinero que el consistorio desvió a IPG nunca fue devuelto por la mercantil a las arcas del consistorio, de ahí que el Tribunal de Cuentas apreciara inicialmente la posibilidad de una responsabilidad contable.
Después de las elecciones municipales de 2015 que llevaron a la formación del gobierno local del PSPV-PSOE y la coalición de Més Gandia, el ayuntamiento se sumó a esa misma causa, acusando a Torró y a Morant de operaciones ilícitas que habrían causado un quebranto en la hacienda municipal.
Aun así, durante el transcurso de las actuaciones judiciales, el ayuntamiento optó por retirarse de la causa alegando para ello que un juzgado de Gandia tiene abierto un procedimiento penal por estos mismos hechos y que, en caso de sentencia condenatoria, podría incluir la devolución del dinero presuntamente desviado del ayuntamiento a IPG por los dos acusados.
A pesar de que al principio el Ministerio Fiscal mantuvo su acusación contra Torró y Morant, después tampoco se opuso al archivo de la causa solicitada por el ayuntamiento, de manera que el Tribunal de Cuentas ha decidido dar carpetazo final a este asunto.
Después de las declaraciones de los afectados, el Tribunal puso de manifiesto que los hechos examinados «no eran generadores de responsabilidad contable» y que no se apreciaba «la existencia de menoscabo en los fondos públicos».
El caso supone un lógico alivio para los dos afectados, que siempre confiaron en su inocencia y la legalidad de las operaciones realizadas. De haber sido condenados, el Tribunal de Cuentas podría obligarles a pagar de su bolsillo esos 6,3 millones de euros.
Tanto Torró como Morant también están incluidos en la acción de responsabilidad que ha presentado el actual Gobierno local contra varios miembros del anterior ejecutivo por valor de 3,3 millones de euros, como publicó este periódico el pasado martes.
