La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, reveló ayer, al final de un pleno corporativo, que un juez ha paralizado cautelarmente las obras del trinquet municipal, que se está construyendo en la parcela situada junto a los campos de fútbol de Roís de Corella, ante los juzgados.
La medida se debe a la petición realizada por vecinos de Benirredrà y el Ayuntamiento de esta localidad, que recientemente ganaron una sentencia que les daba la razón y señalaba que el procedimiento administrativo seguido durante la pasada legislatura para la construcción de ese edificio es ilegal.
Cuando se dio a conocer esa sentencia Benirredrà ya solicitó paralizar las obras, pero el Ayuntamiento de Gandia decidió seguir adelante, fundamentalmente porque quedaban dos meses de obras y es necesario concluirlas para que la Diputación de València aporte la financiación prometida.
Benirredrà no se quedó de brazos cruzados y exigió al juez la medida cautelar de paralización de los trabajos hasta que la sentencia sobre la ilegalidad del trinquet, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Gandia, sea firme.
Fuentes municipales indicaron ayer a este periódico que el auto de paralización cautelar de las obras llega en un momento muy inoportuno porque apenas faltaba una semana para concluir la totalidad de la obra. De hecho, recientemente este periódico ya publicó que los operarios estaban colocando el cartel del trinquet, símbolo del final de obras.
El Ayuntamiento de Gandia, paralelamente, ha comunicado la resolución judicial a la Diputación de València para que tenga en cuenta que no podrá concluir el trinquet municipal, no por voluntad propia, sino por obligación de acatar las órdenes que emanan del poder judicial. Ahora teme que esta paralización se prolongue durante meses, incluso años, hasta que haya una sentencia definitiva sobre el conflicto de fondo entre Gandia y Benirredrà.
El trinquet fue una obra ideada y desarrollada durante la anterior legislatura por el Gobierno local del PP que inmediatamente generó el rechazo de vecinos de Benirredrà y de su ayuntamiento. Gandia hizo caso omiso a las advertencias de ilegalidad en el proceso y, ante esa situación, emprendió acciones judiciales.
