Pocas veces en la Administración se han visto y se han sufrido tantos incumplimientos a la hora de solucionar un gravísimo problema ambiental y de seguridad como el que afecta al proyecto de la carretera que evitará que miles de vehículos, muchos de ellos pesados, atraviesen día y noche el casco urbano de Oliva.

Porque, a año medio vista de que la autopista AP-7 sea gratuita, y por lo tanto pueda ejercer de corredor litoral en la Safor sin molestar a los núcleos habitados, el Ministerio de Fomento sigue sin haber presentado el proyecto para conectar esa vía rápida con la N-332 y la carretera de Pego, al sur de Oliva, a pesar de haber prometido al alcalde, y al ayuntamiento en su conjunto, que no dejaría pasar ni un minuto para ir cumpliendo los trámites que desembocarán en la construcción de esa obra.

Teniendo en cuenta que al menos se requieren dos años de trabajos para ejecutar el enlace, ya se sabe que la conexión de la N-332 y la AP-7 no estará operativa antes de principios de 2021, una eternidad para las miles de personas, en realidad toda una ciudad, que sufre los problemas de un tráfico rodado que la parte en dos.

De regreso de València, adonde precisamente acudió para participar en una concentración para exigir al Gobierno de España que no prolongue el peaje de la AP-7 más allá del 31 de diciembre de 2019, el alcalde de Oliva señaló a este periódico que en las últimas semanas se ha estado interesando personalmente con responsables de Fomento y de Carreteras del Estado por este retraso. Ahora la excusa es que el proyecto constructivo del enlace sur de Oliva está pendiente de un informe de seguridad vial, que tiene que emitir el mismo Ministerio de Fomento, un trámite añadido que imposibilita licitar las obras.

David González explica que, pese a su interés, nadie en Fomento o en Carreteras del Estado le ha querido trasladar un calendario que permita vislumbrar siquiera aproximadamente cuándo empezarán las obras, de ahí que mantenga las gestiones para hablar con los máximos responsables de esa actuación en el Gobierno español y trasladarle su protesta, su preocupación y la exigencia de que no se deje pasar ni un día más con este proyecto congelado.

Los presupuestos del Estado de 2018 incluyeron 2 millones de euros para una obra que cuesta casi 30 millones. En 2019, cuando se supone que empezarían los trabajos, aparecen otros 8 millones. La suma de 10 millones es, en todo caso, una cantidad muy inferior a la necesaria, lo que incrementa las dudas sobre cuáles son realmente los planes del Ministerio de Fomento para hacer justicia con Oliva, y también con Bellreguard, Palmera y l'Alqueria de la Comtessa, sacando el tráfico rodado de sus cascos urbanos.

Porque, como comentó ayer el alcalde González, posiblemente Oliva sufre en estos momentos la más escandalosa de las travesías urbanas de una carretera nacional de toda España.