Las celebraciones del VI centenario de la apertura en Valencia de la primera institución psiquiátrica del mundo occidental empiezan en un ambiente marcado por el desinterés de la Conselleria de Sanitat por la atención a la Salud Mental de los valencianos y los planes insensatos de la Conselleria de Bienestar Social
No es aventurado pensar que esta situación acabará situando a los gestores de la Generalitat ante los tribunales. El asunto al que me refiero está comenzando a adentrarse en el terreno de la violación de los derechos humanos.
Amparada en una maraña de disposiciones legales pensadas con otra intención y empujada por la coincidencia con los intereses de las empresas privadas suministradoras de servicios sociales, la Conselleria de Bienestar Social va construyendo, de una manera tan extensa como precaria, una auténtica red paralela de atención a la enfermedad mental.
Tienen razón los que piensan que si la Conselleria de Sanidad no se ocupa de las personas con enfermedad mental grave alguien ha de hacerlo. Es la misma situación que se da con los problemas de salud mental que se dan en la infancia y que acompañan al fracaso escolar, la violencia en las aulas o fuera de ellas, al desamparo o a la explotación infantil.
Educación, Bienestar Social y Justicia han de actuar y sobrepasando sus ámbitos de actuación ante la pasividad de Sanidad se meten en la prestación de servicios de salud mental infanto-juvenil con profesionales inadecuados. Los resultados aparecen en forma de escándalos de maltrato o de desatención como los que han aparecido recientemente en la prensa.
Los servicios sociales tienen una importantísima función en subvenir algunas de las necesidades derivadas de padecer una enfermedad mental grave. Las personas afectadas tienen dificultades, por los déficits propios de la enfermedad, para acceder en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos a derechos básicos como la formación, el empleo, la vivienda, la vida asociativa, el disfrute del tiempo libre, la administración de su patrimonio o la disponibilidad de una renta básica. Estas carencias constituyen hándicaps añadidos a los de la propia enfermedad y dificultan la recuperación.
Más aún, contribuye a mantener vivo y a justificar el estigma que pesa sobre la enfermedad mental.
Suministrar los apoyos sociales para que las personas con enfermedad mental puedan acceder a un ejercicio pleno de la ciudadanía corresponde a Bienestar Social.
Por otro lado, las personas con enfermedad mental tienen una enfermedad. Como tales necesitan tratamiento integral y personalizado, actividades preventivas y rehabilitación. Y estas necesidades se mantienen a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. Existen terapias farmacológicas y psicosociales eficaces en todos los momentos. La diferencia entre enfermos agudos y enfermos crónicos no se sostiene en la evidencia científica. Sólo tiene su apoyo en el estigma que pesa sobre las enfermedades mentales. Una política que no se sustenta en pruebas sino en prejuicios es fácil que acabe generando un incremento del estigma.
Desconociendo esta realidad, la Conselleria de Sanidad sólo ofrece sus servicios en las fases agudas de la enfermedad. Y no siempre, ni con la intensidad ni la dotación necesaria para conseguir resultados significativos más allá de la simple "estabilización". Además, al no utilizar procesos de tratamiento integrados, lo hace a expensas de un sobrecoste en gasto farmacéutico, en relación a los que se emplea en intervenciones psicosociales. En lo referente a actividades preventivas y de rehabilitación, su presencia es testimonial.
Algunas iniciativas recientes de la conselleria como las transferencias del personal de las Diputaciones Provinciales de Alicante y Valencia a la Agencia Valenciana de Salud, están teniendo, como efecto secundario, el abandono de las escasas intervenciones de carácter integral que se desarrollaban en las áreas que dependían de estas Diputaciones. Aparte de que ha excluido de las transferencias el importante capital profesional y patrimonial de los antiguos hospitales psiquiátricos de Bétera y Santa Faz con el argumento de que son "de servicios sociales".
Esta política de reparto de los enfermos mentales entre las dos Consellerias: agudos para Sanidad, crónicos para Bienestar Social es deliberada y forma parte de las argumentaciones habituales de los portavoces de ambas consellerias.
En este contexto están empezando a surgir híbridos monstruosos.
Un reciente borrador de plan de recursos de la Conselleria de Bienestar Social propone la creación de Módulos de Intervención Especial donde esta Conselleria llevaría a cabo las tareas de "estabilización" sintomática de las personas para permitir que accedan a los dispositivos residenciales o de día. Se dirige a las personas que padecen una doble discapacidad, es decir una enfermedad mental y un déficit intelectual. La idea es aterradora.
Algún pragmático desalmado y desconocedor de la historia habrá pensado que dado que la Conselleria de Sanidad no lo hace, lo "tendremos" que hacer nosotros. Y niega la evidencia de que los recursos de Bienestar Social están llenos de personas en situaciones clínicas lamentables, deterioradas por la ausencia de salidas que favorezcan la recuperación, por el uso de la coerción y por una cobertura insuficiente asistencial.
Y así será mientras la Conselleria de Bienestar Social siga desarrollando recursos que pueden suministrar beneficios a las empresas que los gestionen (no a sus usuarios ni a los trabajadores de esos centros) y la de Sanidad retirándose de su compromiso con las enfermedades que afectan a muchos valencianos.
Este borrador de plan ha de servir de revulsivo e impulsar un cambio claro de orientación en la política de las dos consellerias más implicadas en la Salud Mental. El mismo proyecto limitado sólo al desarrollo de viviendas tuteladas y acompañado de un incremento de las dotaciones de las Unidades de Salud Mental, para que puedan orientarse a la atención domiciliaria sería un buen principio.
* Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría- Profesionales de la Salud Mental en el País Valenciano.
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