Castilla-La Mancha califica de escándalo la cesión de agua y pide una investigación

Levante-EMV, Toledo
La iniciativa que pretenden llevar a cabo los regantes de Villena para ceder parte del agua de su acuífero a una multinacional ha reabierto la guerra del agua entre comunidades autónomas. El Gobierno de Castilla-la Mancha anunció ayer que se va a dirigir al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para pedirles que investiguen la operación, "que han vendido agua del río Vinalopó a una embotelladora para hacer negocio".
Así se refirió ayer en Toledo el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, quien ha calificado de "intolerante" y "tomadura de pelo" que el presidente de esos regantes, Andrés Martínez, "un señor que ha sido el líder de protestas para pedir trasvases del Júcar al Vinalopó" en nombre de la defensa de la vida, haya autorizado una operación para vender parte de los recursos de un acuífero para que los embotelle la multinacional Danone.
A Camps: "¿No le parece inmoral?"
Lamata tildó de "escándalo" esta operación y por ello afirmó que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a plantear que se cuestione el trasvase Júcar-Vinalopó, "hasta que esté perfectamente determinado el calado de esta operación". "Es un escándalo", reiteró el vicepresidente regional, quien insistió en el discurso del presidente regional, José María Barreda, de "agua para todos, pero no para todo" y ha añadió: "No vamos a aceptar que se hagan trampas en un asunto tan importante como éste". En este sentido, preguntó al jefe del Consell, Francisco Camps, "si no le parece inmoral lo que está pasando en su comunidad, cuando en su partido están diciendo que el agua es de todos los españoles". "En Castilla-la Mancha tenemos claro que es inmoral y le pedimos que él también se pronuncie y rechace de plano esta operación", desde el convencimiento, señaló Lamata, de que "en Valencia seguramente habrá mucha gente que está avergonzada por este asunto y va a exigir a Camps lo mismo que nosotros".
El portavoz dijo además que, en el caso de que esta operación sea legal, su Gobierno regional "pediría que la ley se cambiara", dado que el agua, en primer lugar, "es para vivir, y para negocios cuando sobre y no existan otras necesidades".
Y afirmó que el Gobierno Central es el que tiene las competencias en materia de trasvases, por lo que le van a pedir que "aclare lo que está ocurriendo ahí" y, en caso de que esté dentro del campo legal, "nosotros estudiaremos todas las medidas jurídicas y políticas a nuestro alcance para frenar esta operación".