Alfons Garcia, Valencia
La Sindicatura de Greuges da la razón a los miles de afectados por el "monumental" atasco de tráfico que el 27 de octubre de 2007 les impidió asistir al concierto de Héroes del Silencio en el aparcamiento del Circuito de Cheste. La resolución que ha firmado la Síndica en funciones, Emilia Caballero, tras meses de investigación es un varapalo sin eufemismos para la Generalitat, que había descargado toda la responsabilidad en la empresa organizadora del espectáculo. Para la Defensora valenciana del Pueblo, existe una clara culpabilidad pública, por lo que recomienda a las conselleries de Cultura y Deporte (de la que depende el Circuito) y Gobernación a, "sin más demora", iniciar los trámites para indemnizar a todos los que han presentado reclamación o lo hagan en el plazo de un año. El pago, considera, debe incluir el precio de la entrada y los gastos del viaje.
Caballero invita a la Administración valenciana a que, "una vez satisfecha la correspondiente indemnización", ejerza las acciones legales que crea oportunas contra la empresa organizadora en base a las cláusulas del contrato en las que trasladaba a esta los daños que se pudieran causar a terceros.
Sin embargo -y en contra de lo que la Generalitat defiende-, la Sindicatura entiende que estos acuerdos contractuales "no pueden servir de excusa" para eludir la responsabilidad pública. Esta, argumenta, nace de dos motivos. El fundamental, que la autorización y comunicación del concierto a la Delegación del Gobierno se produce sólo un día antes del mismo, "sin tiempo material para organizar un dispositivo regulador del tráfico con el objeto de evitar el caos circulatorio que se produjo por la llegada de alrededor de 80.000 personas por carretera". El segundo motivo es la propiedad pública del recinto y "el deber de vigilar y controlar el acceso al mismo" por las empresas públicas titulares.
Así, la Síndica concluye que los afectados están amparados por el artículo 106.2 de la Constitución, que dice que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran siempre que esta "sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".
De la investigación de la Sindicatura también se desprende que se vendieron más entradas (76.974) de las autorizadas (75.000) en el contrato firmado el 25 de octubre entre el Circuito y la compañía organizadora. Por ello, Caballero pide a la Generalitat que estudie tomar acciones legales.
La Defensora del Pueblo aconseja asimismo al Gobierno valenciano a emprender una investigación para comprobar si se cumplió el plan de emergencia y se superó el aforo máximo (80.000 personas), ya que con el material recibido no queda claro.
Caballero -que ha elaborado varios informes y resoluciones duros contra el Consell (como el referido a la aplicación de la ley de Dependencia) y a la que el PP quiere relevar- reclama una modificación de la normativa para se exija que en las entradas se detalle el horario de apertura de los recintos.
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