Acció Cultural acusa al Consell de utilizar competencias del Estado para cerrar repetidores

El TSJ ha celebrado hoy una vista oral para dirimir el recurso de ACPV contra el cierre decretado por la Generalitat, que además le impuso una sanción de 300.000 euros por carecer de licencia de emisión.

EFE Acció Cultural ha acusado hoy al Gobierno valenciano de haber invadido las competencias del Estado al decretar el cierre de los repetidores de TV3 en la Comunitat, medida "arbitraria" que, a su juicio, obedece a una "persecución anticatalanista".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha celebrado una vista oral para dirimir el recurso de esta asociación contra el cierre de sus tres repetidores decretado por la Generalitat, que además le impuso una sanción de 300.000 euros por carecer de licencia de emisión.

Según ha expuesto la letrada de Acció Cultural, Merced Teodoro, los canales digitales por los que se difundía la señal de TV3 son competencia del Gobierno central, por lo que cree que el Gobierno valenciano ha "extralimitado" sus atribuciones en esta materia.

La letrada admite que se ha utilizado una frecuencia digital sin la preceptiva licencia administrativa, si bien, la potestad sancionadora debería corresponder al Estado.

En su opinión, la Generalitat "ha intentado ampliar su ámbito competencial más allá de su territorio", aplicando una ley autonómica a una emisión que llega a diferentes comunidades e impidiendo la difusión de una televisión que forma parte del servicio público y que no es "una cadena de pitonisas".

El Gobierno valenciano sancionó a Acció Cultural como "prestador de servicios" sin licencia administrativa, pero en este caso, según su letrada, los repetidores de la Carrasqueta, Montdúver y Bartolo, únicamente ofrecía un "transporte" de la señal de TV3.

Asimismo, también ha alegado que el expediente del cierre se inició cuando la ley autonómica sobre el sector audiovisual en la que se basaba la Generalitat aún no se había aprobado.

La emisión de esta canal autonómico catalán "ha sido tolerada en la Comunitat siempre por distintas administraciones", por lo que la asociación cree que la actitud del actual Gobierno valenciano responde a una "persecución anticatalanista", y opina que la sanción de 300.000 euros es de "absoluta desproporción".

Por su parte, el letrado de la Generalitat ha expuesto que la Constitución, el Estatuto valenciano de Autonomía y la legislación autonómica establecen la competencia del Consell para regular la difusión de los medios de comunicación.

Según ha argumentado, al Gobierno central le compete la concesión de frecuencias digitales, y a las comunidades autonómicas les corresponde regular la prestación del servicio.

El Ejecutivo valenciano cree que el transporte de la señal forma parte del servicio de radiodifusión, y ante un supuesto conflicto de competencias, "prevalece la prestación del servicio sobre el uso de la frecuencia".

El letrado ha asegurado que el expediente que determinó el cierre de los repetidores se hizo cuando estaba "en pleno vigor la ley autonómica", y que las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad eran meras "inspecciones".

A la Generalitat no le consta que "TV3 tenga interés en emitir en la Comunitat Valenciana", sino que "es Acció Cultural la que procura su emisión", ha señalado el abogado, que ha pedido al tribunal que desestime el recurso de esta asociación.