Jordi Cuenca, Valencia
-¿Hay motivos para que los trabajadores estén asustados ante esta crisis?
-Hay motivos para que estemos asustados todos. Por supuesto, los trabajadores también, en la medida en que ven amenazado su puesto de trabajo y en que son economías familiares más débiles, con lo que cualquier repunte de los tipos de interés les afecta más. Se da la curiosidad de que, cuando los activos se devalúan porque estaban extraordinariamente hinchados, sobre todo la vivienda, pierden su valor pero las hipotecas suben. Los trabajadores deben estar preocupados también por el incremento del coste de la vida, que sigue imparable. La inflación interanual está ya en el 5,3%. También deben estar preocupados porque mantenemos un diferencial de inflación respecto a nuestros clientes de la zona euro de 1,2 puntos y eso resta competitividad a la economía, la hace menos productiva y, por tanto, con menos futuro. Los trabajadores se sienten afectados también como ciudadanos en la medida en que los servicios públicos y su financiación a través de impuestos se ven perjudicados por los menores ingresos que produce la menor actividad económica. Existe la amenaza de que el Gobierno utilice para aliviar la crisis el único superávit que le queda, que es la Seguridad Social, y eso es otra amenaza, que se extiende además a las generaciones futuras.
-¿Cómo hemos llegado a esta situación?
-Nada en la crisis era imprevisible. Hemos hablado de dos burbujas que se complementaban entre sí, que son la inmobiliaria y la crediticia, y estamos abocados a una salida complicada porque la crisis es sistémica. Las turbulencias en el sistema financiero generan menores expectativas, menores inversiones y eso se traslada a la economía productiva. Por tanto, mueves una pieza del sistema y todas las demás se mueven con él.
-¿Puede usted señalar a algún culpable?
-El culpable siempre es quien, por ejemplo, ha acaparado suelo con vistas a una hinchazón de los precios y los activos. Ése es un responsable, porque ha hinchado la pelota. Los responsables son también los que han favorecido con sus políticas y estrategias de fomento de la actividad los rendimientos rápidos, el dinero caliente que no deja estructura. La Generalitat valenciana no ha favorecido los valores sólidos de la economía productiva, los sectores industriales, y ha inclinado el equilibrio tradicional de nuestra economía hacia operaciones coyunturales, de mucha ventaja en sectores como las segundas residencias, los grandes eventos... Quienes no son responsables son los trabajadores y el movimiento sindical, que ha adoptado unas estrategias de crecimiento moderado del poder adquisitivo de los salarios, porque hemos buscado la disciplina de que la repercusión en precios de los salarios no fuera excesiva.
-¿Qué le parece la actitud de los em?presarios industriales que orientaron su actividad a la construcción para ganar dinero fácil?
-Conozco grupos de empresarios que han sido muy consecuentes manteniendo su actividad industrial, mejorándola, internacionalizándola, con mejora en la calidad... A veces han tenido que competir con su propia familia, que les instaba a invertir en donde había dinero fácil, como en la construcción. Hay un sector del empresariado muy maduro en eso, que sabe que al final la economía es trabajo constante y no sólo el oportunismo.
-¿Es moralmente aceptable ayudar con dinero público a empresarios constructores e inmobiliarios, ahora en dificultades, que han ganado dinero a dos manos durante el "boom"?
-No voy a hablar de moralidad, pero sí creo que el sindicato tiene muy claro que no vamos a admitir el recorte en protección social, más bien contribuir a la renovación del Pacto de Toledo, no admitir que se pidan recortes en el gasto público, ni rebajas fiscales, ni que se destinen fondos a ayudar o avalar a los que se han enriquecido con la especulación.
-¿Qué opina de las declaraciones del presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, José Vicente González, en las que pedía, ante la crisis, repensar el gasto social y ralentizar en parte la Ley de Dependencia?
-La aplicación de la Ley de Dependencia se ha de hacer manteniendo los principios que significan un reconocimiento de derechos subjetivos. Tal vez se puede hacer con una mayor gradualidad, pero sin perder este principio. En cuanto a repensarse el gasto social, estamos en contra del recorte, porque creemos que, en este momento, las necesidades sociales son más acuciantes y hay que apostar por ellos también como una estratega anticíclica de las Administraciones públicas. Si el sector privado va mal y encima el público restringe sus inversiones sociales la cosa irá a peor. Lo que sí hay que ser es muy selectivo y riguroso.
-¿Qué reclama CC OO para hacer frente a la crisis?
-En primer lugar, sacar adelante el proyecto de concertación social que estamos desarrollando, en el que falta ultimar determinadas materias y establecer el marco financiero de todo el período y el presupuesto para 2009. En políticas de empleo, hay que atender las políticas activas, es decir, atender a los colectivos más vulnerables en el mercado de trabajo, como las mujeres y los inmigrantes, y habría que atender las problemáticas sectoriales en la industria, planes de recolocación, de cualificación de la mano de obra. La política educativa debería considerarse como un elemento fundamental a medio plazo.
-¿Qué sacrificios del trabajador no aceptarán los sindicatos?
-No aceptaremos, como ha pedido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reformas laborales que mermen la estabilidad en el empleo y los derechos de los trabajadores en general. No aceptaremos tampoco recortes en políticas sociales. Ni que se siga ignorando la contribución de los trabajadores en los cambios de modelo productivo que venimos demandando.
-La Generalitat ha sido una gran impulsora del sector inmobiliario. ¿Qué medidas debe poner en marcha ahora?
-Ya ha puesto en marcha algunas, como, por ejemplo, el decreto de la vivienda que permite la readquisición de suelo que inicialmente iba a vivienda libre para ofrecerlo ahora como de protección pública, con lo cual se ha encarecido el precio del módulo de VPO y se ha acabado pervirtiendo el concepto de vivienda protegida. Para reactivar la economía ha de desarrollar en la medida que pueda todo lo que son inversiones en infraestructuras que sean necesarias y que estén dentro de sus competencias. Debe atender los servicios públicos con mayor rigor y control, independientemente de quien los provea, es decir, aunque estén privatizados.
