La policía busca extractos de los supuestos ingresos sin justificar de Fabra desde 1999

J. Antequera, Castelló
Los peritos de la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía siguieron visitando, desde primera hora de ayer, decenas de oficinas bancarias y cajas de ahorro de Castelló para recabar documentación fiscal y contable del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, su mujer y sus hijos.
Los investigadores, que desde el miércoles buscan documentos y datos económicos "muy concretos" de Fabra, seguían trabajando al cierre de esta edición y esperaban concluir su comisión de servicios hoy viernes. Luego regresarán a Madrid con la información que hayan obtenido y será el momento de que los inspectores de Hacienda se sienten a elaborar el informe pericial que deben presentar al Juzgado de Nules y que podría estar concluido antes de Navidad. Los técnicos de Anticorrupción y los agentes de policía pasaron la noche en céntricos hoteles de Castelló y por la mañana siguieron trabajando de forma intensa, entrevistándose con directores y empleados de bancos y cajas de ahorro.
El informe que los peritos deben elaborar a partir de ahora se centrará en las cuentas y depósitos bancarios de que sean titulares "los señores Fabra y Fernández, así como los hijos de ambos", según una resolución de la juez de Nules, de mayo de 2006, que amplió al auto de la Audiencia Nacional de 28 de febrero de ese mismo año. En aquella ocasión la instructora solicitó a la AEB (Asociación Española de la Banca) los extractos de las cuentas corrientes y de crédito de la familia Fabra. Ayer, Levante-EMV se puso en contacto con este organismo, pero ningún responsable de la AEB atendió la llamada.
Tanto la Audiencia como el juzgado de Nules han entendido que se debe extender la investigación a toda la familia porque en este tipo de delitos "no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar". Por esta razón la policía y los peritos están buscando extractos que tienen que ver con supuestos ingresos sin justificar entre 1999 y 2004. El problema con el que se encuentran los investigadores es que la ley obliga a los bancos a conservar los documentos de los últimos cinco años.
Mientras, la ejecutiva de la Unió de Periodistes Valencians acordó reiterar su "preocupación y malestar por los nuevos ataques de Fabra contra periodistas". Sale así al paso del boicot a redactores de CQC y al ataque personal al jefe de informativos de la Ser, Miguel Ángel Campos.