La cárcel de Siete Aguas generará mil empleos y 30 millones al año

José Parrilla, Valencia
La futura prisión de Siete Aguas, que, como todas las cárceles de España, se enfrenta a la oposición de los vecinos en los meses previos a su construcción, generará un millar de puestos de trabajo y millonarios beneficios económicos a la localidad y al conjunto de la comarca. Según el informe de impacto económico del proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, sólo en la fase construcción se gastarán 133 millones de euros y se crearán 853 puestos de trabajo directos e indirectos, repercusión que tendrá su continuidad tras la inauguración con la creación de 897 puestos de trabajo y unos ingresos anuales cercanos a los 30 millones de euros.
El informe de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) distingue entre dos etapas bien diferenciadas para valorar el impacto económico de una prisión de 1008 celdas como la que, presumiblemente, se construirá en Siete Aguas: la de construcción, que dura entre 22 y 26 meses, y la de funcionamiento, que empieza con su inauguración y no tiene fecha de caducidad.
La construcción
En la construcción se invertirán alrededor de 133 millones de euros, dinero que se repartirá entre la creación de empleo directo derivado de la edificación del centro, la compra de materiales, la contratación de empresas y el efecto inducido que afectará a otros servicios de la zona. Se calcula que en estos dos años se crearán 853 puestos de trabajo: 480 directos, 250 indirectos (servicios contratados en la zona) y 123 inducidos (puestos de trabajo fuera de la cárcel generados por el movimiento de personas y empresas). Entre todos recibirán unos ingresos de 31 millones de euros anuales.
Por lo que se refiere a las empresas, la previsión es que participen alrededor de 60 firmas, muchas de ellas subcontratadas y de ámbito local o autonómico.
Y en cuanto a los efectos inducidos, se habla de un fuerte impacto en el sector inmobiliario, los suministros de gas, agua o electricidad, y servicios de alimentación, hostelería, transportes, vestido y calzado, espectáculos etc. Por lo que se refiere a la fase de funcionamiento, el centro recibirá 501 funcionarios, 83 laborales fijos y 100 efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado. A estos hay que añadir 125 empleos indirectos y 88 inducidos, lo que totaliza 897 puestos de trabajo.
Entre todos ellos generan unos ingresos de 30 millones de euros anuales, "cantidad que repercute directamente en la localidad y toda la comarca". Se calcula, por ejemplo, que el 90% de los empleados directos del centro residirán en la localidad o en las proximidades de la misma.
Más seguridad e infraestructuras
El informe socioeconómico advierte de las tasas y licencias que se pagan a la población -sólo el impuesto de sociedades, que percibe la autonomía, ascenderá a 3 millones de euros anuales durante la construcción y a 657.480 euros en la fase de funcionamiento- y de los beneficios generales que gozarán los vecinos, entre ellos el incremento de la seguridad, el gasto en infraestructuras, especialización de mano de obra o ingresos provenientes de la población flotante que genera una prisión (visitas, asistencia jurídica etc.)