EDITORIAL
La ubicación de una nueva cárcel, como la de otras infraestructuras de interés general, suele desencadenar un movimiento de protesta que decrece hasta desaparecer a medida que avanzan las obras de construcción y entra en servicio el establecimiento. Sucedió así con el penal de Picassent; ha ocurrido más recientemente en Albocàsser y se repetirá, sin duda, en Siete Aguas. La razón está en los cerca de 30 millones de euros anuales y en los 1.000 empleos, entre directos e indirectos, que la nueva cárcel generará en el municipio valenciano y su comarca.
El informe de impacto socioeconómico de esta futura cárcel recoge con claridad que los cerca de 600 funcionarios, los cien agentes de los cuerpos de seguridad y los servicios que necesitará el penal en todos los órdenes, desde el inmobiliario para los funcionarios hasta el hostelero para las visitas a los presos pasando por los suministros de alimentación, electricidad o agua, componen sólo una parte de la larga lista de beneficios para el entorno.
Y en cuanto a la seguridad, motivo de preocupación inicial para los vecinos, de estos establecimientos, se subraya desde Interior que pocas zonas hay tan vigiladas como una cárcel.
Los terrenos del nuevo establecimiento penitenciario de Siete Aguas ya están comprados. Las obras durarán entre 22 y 26 meses y costarán unos 133 millones de euros, una inversión que además de todo lo subrayado permitirá aliviar la masificación en otras cárceles.
