Nacho Martín, Castelló
Los tribunales de Castelló han comenzado a investigar y citar judicialmente a castellonenses que se auntoinculparon de haber abortado como medida solidaria y de protesta contra la persecución a mujeres que habían interrumpido su embarazo en clínicas de Madrid y Barcelona, según confirmaron ayer fuentes próximas a la Audiencia Provincial.
Dichas autoinculpaciones se enmarcaban dentro de una campaña nacional liderada por asociaciones feministas (y respaldada por cientos de colectivos sociales) que recogió y presentó más de 16.000 autodenuncias a todos los juzgados de España.
En el caso de Castelló, la Xarxa Feminista de la Plana entregó el pasado 8 de marzo al Juzgado de Guardia un total de 105 inculpaciones de hombres y mujeres (por abortar o acompañar a las interesadas) dentro de una jornada de acciones para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora.
A fecha de hoy, la mayor parte de los tribunales españoles han archivado los posibles delitos por considerar que no existían actos ilícitos al tratarse de autoinculpaciones en el marco de una campaña que pretende abrir un debate público sobre la despenalización del aborto y que reivindica una cobertura a las mujeres para que puedan abortar sin riesgos en la red sanitaria pública.
A modo de ejemplo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Tarragona concluye sobre las autoinculpaciones de la misma campaña que «no implican en absoluto un ilícito penal, sino que estamos ante una reivindición de un colectivo de personas que luchan por conseguir la práctica del derecho al aborto y a la salud sexual reproductiva, siendo las mujeres las que tengan el derecho a decidir, reivindicación que extienden también a que se despenalice el aborto y no sólo eso, sino que sea una prestación sanitaria normalizada dentro de la Salud Pública».
A juicio del magistrado Ángel Martínez Sáez, «estamos ante un supuesto sin relevancia penal donde un colectivo importante de ciudadanos/as han decidido plantear una reivindicación de modificación de la regulación del aborto, habiendo optado para dar resonancia a su reivindicación mediante estas autoinculpaciones colectivas al efecto de obtener una mayor resonancia mediática y de los poderes públicos».
A pesar de estos antecedentes, fuentes próximas a la investigación precisaron que a fecha de hoy ya han sido llamadas a declarar dos mujeres. En el primero de los casos, la Policía Judicial se habría personado en el domicilio de la afectada para que se presentara en la comisaría. Una vez en las dependencias policiales, fue sometida a un interrogatorio.
Según las mismas fuentes, la segunda de las afectadas recibió el pasado 23 de octubre una llamada telefónica de la Policía Nacional para requerirle que se presentara al día siguiente en la Comisaría al objeto de prestar la correspondiente declaración.
Denuncia de la Xarxa Feminista
La Xarxa Feminista denunció ayer que estas citaciones son una «persecución política, policial y judicial» y criticó especialmente la «intimidación» que están sufriendo las mujeres por las llamadas directas de la policía y la presión psicológica que ello supone. «Consideramos alarmante que las citaciones en dos casos se hayan realizado a través de la Guardia Civil y la Policía, lo cual es absolutamente intimidatorio, porque lo más adecuado sería que el juzgado citara por correo a las personas y no a través de los agentes, para que las declaraciones se realizaran con la mayor seguridad y garantías jurídicas». Las portavoces del colectivo explicaron que comprenden la labor de los juzgados, aunque quisieron hacer hincapié en que las autodenuncias colectivas perseguían únicamente una reivindicación social. «Compartimos que los juzgados han de investigar cualquier denuncia que pueda ser constitutiva de delito, pero creemos innecesario perseguir judicialmente estas auto-denuncias colectivas, que tenían por objeto promover el debate público y reclamar la despenalización del aborto y la cobertura gratuita de la red sanitaria pública como un derecho básico de las mujeres. La cuestión no es que defendamos el aborto, sino que defendemos el derecho a decidir».
