El alicantino con un tumor gigante será atendido mañana

SYLVIA ESCRIBANO, ALICANTE Daniel E. Morales, un alicantino de 46 años con un posible tumor gigante sin diagnosticar desde hace tres años, ha decidido llevar su caso ante el Síndic de Greuges y presentar dos quejas contra las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social por su dejadez al permitir que haya llegado a la situación en la que se encuentra. Los médicos aún no han estudiado a fondo esa protuberancia y aluden a la falta de un equipo de TAC adaptado a su peso y dimensiones para poder hacerlo. Mientras, el afectado exige una solución y muestra su indignación ante la oposición del Consell de darle una pensión por la incapacidad que le reconoce un juez en una sentencia.
Fue su hijo, Antonio Morales, quien puso ayer las reclamaciones, pues el afectado apenas puede levantarse del sofá de su casa, de la que desde julio de 2007 sólo ha salido para ir al médico. La protuberancia que comenzó a formársele en el abdomen en 2006 ya le llega por debajo de las rodillas y las curas diarias de las enfermeras de su centro de salud apenas le alivian. "Necesito una solución urgente y que me digan qué tengo, ya llevo tres años de consulta en consulta y no puedo más", se lamenta este vecino del barrio del Pla.
Su peregrinaje por las consultas le llevó en mayo de 2008 a la unidad de obesidad mórbida del Hospital General de Alicante y de ahí fue derivado a su hospital, el de San Juan, para que estudiaran de qué se trata y la posibilidad de operarle. Para ello hace falta un TAC, pero en el centro no hay ninguno adecuado al tamaño y los más de 200 kilos de Daniel. "Estamos buscando un aparato adecuado en otros centros de la Comunidad Valenciana y con la tecnología puntera de la que disponemos no tendremos muchos problemas. Lo estamos gestionando", argumentan desde Sanidad. Sin embargo, el afectado ya lleva meses esperando a que así sea y su paciencia "se ha agotado".
El problema sanitario se une al social, pues la "masa tumoral", como lo denomina un forense, le impide trabajar y dejó su empleo de camarero en 2005. Ahora vive de una ayuda municipal de 170 euros mensuales durante 6 meses al año y de lo que aporta su hijo, en paro y pagando una hipoteca.
Un juez le reconoce en una sentencia la incapacidad necesaria para cobrar una pensión, pero Bienestar Social ha anunciado que la va a recurrir. "Es vergonzoso, sólo hay que verme", afirma Daniel.