J. F., Inca
Mañana es el día D para el caso Caballistas. A partir de las 9.30 horas y durante toda la jornada, cuatro alcaldes, cinco ex alcaldes, una ex alcaldesa y actual diputada autonómica y dos regidores (uno de ellos en activo), todos del PP, además de dos funcionarios, se sentarán en el banquillo de los acusados en la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) para declarar en un macrojuicio inédito hasta la fecha en Mallorca por la cantidad de altos cargos municipales de un mismo partido imputados en la causa judicial por un presunto delito de falsedad documental.
La vista oral tratará de esclarecer un presunto entramado de corrupción para legalizar como sede social de una agrupación hípica una casa en suelo rústico, propiedad del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal. Éste consiguió en 2004 que una decena de homólogos y regidores de su mismo partido firmasen certificados que intentaban demostrar que la agrupación caballista de ses Salines había actuado en sus respectivos municipios, antes incluso de su creación formal.
El objetivo era convencer al Consell de Mallorca de que las construcciones ilegales de Vidal iban a ser destinadas como sede del club hípico y lograr así el interés general que legalizase lo que en realidad era una vivienda del alcalde saliner, tal y como constató la institución insular a mediados de 2006, cuando el caso ya había adquirido la condición de escándalo.
El macrojuicio que se inicia mañana y se prolongará, como máximo, hasta el jueves, ha levantado una expectación mediática muy importante, comparable a otros juicios históricos en la comunidad, como los casos Túnel de Sóller o el más reciente caso Voramar.
Once ayuntamientos
El caso Caballistas se diferencia del resto de procedimientos judiciales con protagonistas políticos por el número de ayuntamientos implicados, un total de once. Una quinta parte de los municipios de Mallorca verá durante esta semana cómo las personas que han sido (y todavía son, en algunos casos) sus máximos representantes municipales responden ante la Justicia por las presuntas irregularidades cometidas.
Lo que en un principio parecía un problema urbanístico exclusivo del ex alcalde saliner acabó salpicando a otros diez ayuntamientos mallorquines en un escándalo sin precedentes. Según consta en el escrito de acusación del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, Sebastià Vidal "convenció a otros diez alcaldes" para que realizaran documentos, que posteriormente añadiría al expediente de legalización de su vivienda, en los que se daba fe de que la agrupación de caballistas de ses Salines había actuado en sus pueblos desde 1995, cuando se constituyó legalmente en 2001.
Dos de ellos siguen en sus cargos
La mayoría de políticos que accedieron a firmar el documento eran alcaldes entonces, y todos han sido acusados: Andreu Prohens (Campos), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Catalina Soler (Felanitx), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume (Lloret), Biel Matas (Montuïri), Joan Rotger (Selva) y Antoni Serra (sa Pobla). La ex alcaldesa de Felanitx es actualmente diputada autonómica.
Sólo los alcaldes de Santanyí, Selva y Montuïri siguen en sus cargos, aunque otro de los acusados, Joan Jaume, que era teniente de alcalde de Llucmajor cuando firmó el certificado en 2005, es desde el jueves pasado el futuro alcalde del municipio tras la dimisión de Lluc Tomàs después de su condena judicial. También se sentarán en el banquillo de los acusados los regidores Joan Rubert (Inca) y Joan Llabrés (sa Pobla). El celador de obras de ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, son los dos acusados restantes.
Sebastià Vidal es el ex alcalde que se enfrenta, según la petición del fiscal, a una condena mayor: seis años de cárcel por once presuntos delitos de falsedad documental y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública. El fiscal pide para el ex alcalde Andreu Prohens tres años de prisión, 20 meses de multa y cinco años de inhabilitación, mientras que los funcionarios Escalas y Portell se enfrentan a cuatro años de prisión.
Al resto de acusados el fiscal les imputa un presunto delito imprudente de falsedad en documento oficial, por lo que pide diez meses de multa de 20 euros diarios y nueve meses de suspensión para cargo público. Las acusaciones particulares por parte del PSOE y de un vecino de Manacor piden prisión para todos los acusados.
