dos años de desamparo

El embudo de la ley de Dependencia

Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación

 
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Rafel Montaner, Valencia
La Ley de la Dependencia se ha convertido en la del embudo para las personas dependientes y sus familias, ya que tras casi dos años de su entrada en vigor apenas uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación. De los más de 50.000 vecinos de la Comunitat Valenciana que han reclamado beneficiarse de esta ley, la conselleria de Bienestar Social únicamente ha asignado a 12.142 una ayuda o prestación económica, lo que apenas supone el 24,3% del total de solicitudes
Esta escasa aplicación de una ley tan esperada por miles de familias valencianas podría ser aún mayor ya que no se conoce con exactitud el número de solicitudes que ha recibido el departamento que dirige el conseller Juan Cotino. De hecho, Bienestar Social, lleva dos días dando la callada por respuesta a las preguntas de Levante-EMV sobre esta cuestión.
La Generalitat, a fecha 1 de diciembre, tiene registradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)estatal 34.145 solicitudes de ayudas. Sin embargo, el pasado 22 de octubre, el propio Cotino aseguró ante el pleno de las Corts que hasta ese momento su conselleria había recibido 50.000.
La conselleria de los silencios
En qué cajón de la conselleria estan guardadas esas 15.855 peticiones de diferencia que hay entre las cifras que la propia conselleria aporta al SAAD y las que maneja el conseller en sede parlamentaria, es uno de los grandes misterios de la hermética Administración valenciana.
El portavoz de Política Social del grupo socialista en las Corts, Antonio Torres, que denuncia que la conselleria se ha negado a responder a más de 40 preguntas parlamentarias suyas sobre el número de solicitudes, las eleva hasta 70.000. Si esto es así, las ayudas concedidas por Bienestar Social beneficiarían a menos de uno de cada cinco (17,3%) solicitantes.
Conselleria no respondió ayer a la cuestión planteada por este diario de si ha recibido ya 70.000 solicitudes, lo que significaría, como denuncia Torres, que ha dejado de tramitar más de la mitad.
El embudo que ha hecho con la Ley de Dependencia el Consell se aprecia en el hecho de que de las 50.000 solicitudes presentadas a 22 de octubre según Cotino, el 1 de diciembre sólo se hayan tramitado 34.145 según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social. De estas peticiones registradas en el SAAD, 28.971 cuentan con un dictamen de los técnicos de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales SA (Avapsa) -la empresa creada por la conselleria para gestionar el Sistema de Dependencia en la Comunitat- sobre si pueden o no recibir prestaciones.
La mitad de peticiones, descartadas
El canal se estrecha aún más, pues al final la conselleria cifra en 25.437 los valencianos que tienen derecho a ayudas. Hasta aquí, como se aprecia en el cuadro, se han descartado la mitad de solicitudes.
Sin embargo, el haber esperado, "en la mayoría de los casos hasta año y medio" según Torres, para contar con un dictamen favorable no garantiza el cobro automático de una prestación económica o la recepción de una ayuda, puesto que falta un último trámite, el Programa Individual de Atención (PIA) en el que el beneficiario de la ayuda o sus tutores legales deben aceptar las propuestas que les hacen desde la conselleria.
Retrasos de dos meses en los pagos
La tardanza de Bienestar Social en acometer este último paso del PIA hace que 13.331 dependientes, más de la mitad (52.4%) de los que según la conselleria tienen derecho a recibir una prestación, no tengan a fecha de hoy ninguna asignada.
Así pues, en la parte estrecha del embudo, únicamente se benefician de la Ley de Dependencia uno de cada cuatro valencianos que han solicitado acogerse a la misma.
Para más inri, tal y como lleva denunciando este periódico desde el jueves, la conselleria adeuda las mensualidades de octubre y noviembre a varias decenas de los 3.489 dependientes a los que les ha concedido una prestación económica para contratar a un cuidador no profesional.
A fecha del viernes, pese a que Bienestar tras negar la existencia de demoras en el pago anunciara que los que no habían cobrado lo iban a hacer "en breve", los casos que conoce este diario seguían sin percibir ningún ingreso.

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