Garzón imputa a Ulibarri, empresario al que el Consell dio 13 TDT

EFE/LEVANTE-EMV El juez Baltasar Garzón ha imputado hoy al hasta ahora alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP), y a otras 36 personas, entre ellas el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, en relación con la presunta trama de corrupción relacionada con cargos del PP y tráfico de influencias destapada el pasado viernes.

Según elpais.com, otro de los imputados es José Luis Ulibarri,  presidente de UFC, que se hizo en 2006 con trece licencias de TDT otorgadas por el Consell. UFC es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción de este empresario castellano-leonés. El juez le investiga por la adquisición de UFC de una parcela.

Tal como ya informó Levante-EMV, Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano. Una de las empresas que dirige, Mediamed Comunicación Digital, se hizo con trece licencias de televisión digital (TDT) otorgadas por el Consell. Mediamed, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT.

En 2007, Ulibarri escenificó su buena sintonía con la administración autonómica durante la presentación de Tele 7, el proyecto audiovisual de Mediamed. En el acto celebrado en Feria Valencia, Ulibarri estuvo arropado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por los entonces consellers de Sanidad, Rafael Blasco, de Territorio, Esteban González Pons, de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Con todo, la presencia de Ulibarri en la Comunitat Valenciana no se circunscribe únicamente al negocio de la comunicación.

En los últimos años, el empresario de Castilla y León también ha ganado terreno como adjudicatario de obra pública que se licita en la Comunitat Valenciana. Begar Construcciones y Contratas recibió en enero de 2007 la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Llíria, en unión temporal con otra firma, al igual que la construcción del colector norte entre Beniferri y el Parque de Cabecera.

El último movimiento de Ulibarri en el mapa comunicativo valenciano está vinculado a la capital valenciana. En junio pasado, otra empresa controlada por Ulibarri, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), al comprar el 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13.

EN TOTAL, 37 IMPUTADOS
Dos ex alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, figuran en la lista de 34 nuevos imputados hecha pública hoy en relación con la trama de corrupción y tráfico de influencias que investiga el juez Baltasar Garzón.

     Antes de que se conocieran estas imputaciones, desde el PP optaron ya ayer por destituir a estos dos ex regidores, acusados, como el resto de los imputados en esta lista de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

     González Panero conocía su imputación un día después de haber visitado voluntariamente a Garzón para aclararle "las dudas" que pudiera tener sobre la investigación y al mismo tiempo que celebraba un pleno extraordinario para formalizar su dimisión, anunciada ayer por el líder del PP, Mariano Rajoy, y a la que el ex regidor se ha resistido durante veinticuatro horas bajo el argumento de no estar imputado. Por el momento será la teniente de alcalde, Belén Húmera, la que asuma provisionalmente el sillón principal del consistorio.

     Guillermo Ortega, por su parte, había dejado de ser alcalde de Majadahonda en 2005 y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la dimisión de éste como gerente del Mercado Puerta de Toledo, junto a la del consejero de Deportes Alberto López Viejo, quien no figura en la lista de imputados.

     Los 34 nuevos imputados, entre los que también destaca el empresario Álvaro Pérez Alonso, conocido como "el bigotes" y que fue arrestado anoche en Valencia, se suman a los tres detenidos en la "operación Gürtel" que ayer comparecieron ante Garzón, el presunto líder de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

     Mañana ya han sido citados a declarar tres de estos imputados: Carmen Luis Cerezo, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, y Felisa Jordán, detenidas ambas el pasado viernes y puestas en libertad por la Policía.

     Otros nombres de la lista de imputados son los de Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y Jacobo Gordón Levenfelt, apoderado junto a Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) de la extinta empresa Columela Gestión.

     La decisión del magistrado ha despertado las iras del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), que ha asegurado que igual que las bombas de ETA son habituales antes de unas elecciones, "las actuaciones del juez Baltasar Garzón también" lo son.

     En respuesta a esta crítica, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, pedía a los dirigentes del PP que desautorizaran a León de la Riva por comparar a Garzón con ETA.

     En contraste con las declaraciones del alcalde de Valladolid, la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que se actúe con "toda contundencia" si de las investigaciones de Garzón se derivasen "hechos que van en contra de los criterios y principios" de su partido, "la honorabilidad y la honradez".

     Tras los primeros interrogatorios de mañana, a los que les sucederán hasta el 5 de marzo los del resto de imputados, el juez decidirá si acuerda el ingreso en prisión de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez después de haber prorrogado ayer su detención a instancias de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, para practicar diligencias.

     Mañana también podría ser puesto a disposición judicial el último detenido en esta operación, Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market.

     Para notificar el auto con estas nuevas imputaciones, Garzón ha alzado parcialmente el secreto de sumario de la causa, en la que ayer abrió también una pieza separada para investigar las filtraciones a los medios de comunicación.

     El presunto líder de esta trama Francisco Correa era responsable de Special Events, empresa que hasta 2004 organizó eventos para el PP, y que permanece detenido en la prisión de Soto del Real junto a Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999, y Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani.