J. Sierra, Valencia
El juzgado de Primera Instancia nº 1 de Llíria ha citado a declarar en calidad de imputado a un alto cargo directivo de Renomar, la empresa concesionaria de la mayor parte de los parques eólicos que se construyen en la Comunitat Valenciana.
La citación se produce como consecuencia de la denuncia presentada por Acció Ecologista-Agró y la Asociación para el Desarrollo Eólico Sostenible (ADES) por presuntas irregularidades en el desarrollo de la Zona 8 del Plan Eólico Valenciano.
Según recordaron ayer portavoces de ambas asociaciones, la imputación del representante legal de Renomar se enmarca dentro de la diligencias previas del procedimiento penal abierto contra Renomar, Energías Renovables Mediterráneas y los responsables municipales de Chelva, Andilla, Calles, La Yesa, relacionado con la construcción de los parques eólicos de Peñas de Dios I y II y Cerro de la Nevera.
La denuncia se basaba en que las obras de dichos parques comenzaron en junio de 2007 sin autorización administrativa y sin que estuviese aprobado el proyecto de ejecución, pese a lo que los ayuntamientos citados concedieron licencias, según las organizaciones denunciantes.
Pese a que no hay, al menos de momento, ninguna imputación concreta contra responsables municipales, ADES insiste en el sentido de que "todos" estaban advertidos por esta asociación de las presuntas irregularidades.
"Entre noviembre de 2007 y enero de 2008 enviamos cartas a todos los ayuntamientos valencianos afectados transmitiéndoles nuestra inquietud por las presuntas irregularidades. Nos ofrecíamos a ponerlas en su conocimiento ya les advertíamos también sobre su responsabilidad en velar por el cumplimiento de la legislación vigente", subrayan.
Acción Ecologista-Agró y ADES "lamentan" que la "deseable implantación" de la energía eólica, cuyo plazo de ejecución finalizaba inicialmente en diciembre de 2007, esté permanentemente acompañada de presuntas irregularidades , graves afecciones al patrimonio natural, arqueológico y paisajísticos. Recuerdan que se han desoído las recomendaciones del Sindic de Greuges e instan a la Generalitat Valenciana a "rectificar en su actitud y recuperar su deber de defender el interés general".
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