Julia Damiá, Valencia
Los negocios del empresario José Luis Ulibarri, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el sumario de la trama de corrupción que afecta al PP, en la Comunitat Valenciana se centran en dos áreas: la comunicación -controla 13 licencias de televisión digital terrestre (TDT) que otorgó el Consell- y el urbanismo, donde tiene el mayor volumen de negocio a través de las empresas del Grupo Begar.
Una de las obras que realiza Begar Construcciones y Contratas, SA, es la del polémico programa de actuación integrada (PAI) de Bovalar en Rocafort, cuyo agente urbanizador, la empresa Urbanite SL -en cuyo accionariado están los Serratosa Caturla- no ha presentado el aval oligatorio por ley. Por este motivo el Registro de la Propiedad tiene paralizada desde hace año y medio la inscripción de la reparcelación de este sector. Pese a todo, las obras, presididas por un enorme cartel de la empresa Begar, están en marcha.
Urbanite presentó en octubre de 2007 la reparcelación del sector residencial El Bovalar -que contempla más de 500 viviendas- en el Registro de la Propiedad. Pero éste le denegó la inscripción porque "en el proyecto no se acreditan los avales que debe presentar el agente urbanizador, Urbanite, al Ayuntamiento de Rocafort", tal como consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario. La ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) obliga al agente urbanizador en el artículo 29.8 a a la depositación de un aval o fianza "por valor mínimo del 7 % del coste de urbanización previsto" como garantía del cumplimiento de sus previsiones. El coste de se estimó en un principio en 7,7 millones de euros, que tras las modificaciones se elevó a en 9,1 millones.
El problema se lo han encontrado los propietarios de los terrenos afectos, que sí han empezado a pagar sus cuotas de las cargas de la urbanización correspondientes. Además, quienes, como suele ser habitual, tenían previsto pedir una hipoteca para hacer frente a estos pagos, han visto frustrados sus propósitos al no estar registradas las nuevas parcelas.
Una actuación polémica
El PAI de Bovalar se inició a propuesta de Urbanite, SL, por el procedimiento abreviado que preveía la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) mediante la presentación de una alternativa técnica en una notaría y un plazo de información pública de apenas 20 días. Recibió el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo en marzo de 2006 con Rafael Blasco todavía como conseller. Pero la actuación fue recurrida en los tribunales por el Ayuntamiento de Godella y actualmente pesa sobre parte de ella una suspensión cautelar por el encauzamiento de un barranco que modifica el término municipal de Godella.
ENVIAR COMENTARIO
