De la Rúa podría ser recusado por «amistad manifiesta» con el presidente

Regina Laguna, Valencia
«Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ˝amistad˝ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat». Estas palabras podrían ser la causa de recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, en caso de que el presidente de la Generalitart, Francisco Camps, llegara a ser acusado en juicio.
Nunca una frase ha sido tantas veces repetida desde que se supo que el presidente de la Generalitat estaba en el punto de mira de la investigación judicial del juez Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción en el PP. Las palabras eran de Francisco Camps y quien le tendrá que juzgar, en caso de que haya indicios de delito, es Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, órgano competente para enjuiciar a cargos autonómicos aforados.
Ocurrió el pasado 19 de septiembre, en la toma de posesión de la nueva consellera de Justicia Paula Sánchez de León. De la Rúa fue más discreto y, al ser preguntado por la palabra que podría definir su relación con Camps, manifestó sentirse «feliz con esa excelente relación», que ha permitido una «colaboración perfecta en la lucha para reclamar más órganos judiciales».
Ayer, el presidente De la Rúa manifestó a través del TSJCV que «mantiene una relación institucional, y no personal», con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Fuentes oficiales añadieron en declaraciones a la agencia Efe que «De la Rúa guarda con Camps una buena relación, al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana».
Desde la oposición, se han oido voces dudando de la parcialidad de De la Rúa, por esta relación de «amistad», en el sentido de que la investigación nunca terminaría o que, como en el reciente caso de Díaz Alperi (Mercalicante), se archivaría de plano.
Un equívoco
No obstante, hay que señalar el equívoco, ya que no es el presidente del TSJCV el que realiza la investigación judicial, sino uno de los cuatros magistrados restantes de la Sala de lo Civil y Penal que De la Rúa preside.
Así, como presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa está obligado a presidir todos los juicios que en ella se celebren y, por ello mismo, nunca sería el juez instructor, ya que estaría contaminado para juzgar.
Esta premisa está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que regula el funcionamiento y organización de los jueces. Pero también se contempla la posibilidad de abstención o recusación del juzgador en caso de «amistad íntima o enemistad manifiesta» con el procesado.
De llegar a juicio, De la Rúa sería el presidente del tribunal y podía caber la posibilidad de que se abstuviera o de que las partes le recusaran, defensa y acusación. De momento, sólo hay una acusación, el fiscal, pero también cabría una acusación popular, que podría asumirla la oposición.
Respecto a la acusación pública, su máximo exponente es Ricard Cabedo, Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, de quien no cabe que asuma esta función, dado que a su llegada a Valencia hace cuatro años fue recibido por una salva de ataques a su persona y a su cargo por parte del PP valenciano. Precisamente, uno de los investigados, Ricardo Costa, calificó al Fiscal Superior cuando fue nombrado como «árbitro comprado del Gobierno de Zapatero».
Dos magistrados conservadores y dos progresistas
R. Laguna, Valencia
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es la que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts. Está formada por su presidente y, a la vez, presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, y los magistrados Juan Montero, Juan Climent, José Flor y José Ceres.
El primer paso es esperar a que llegue a Valencia el auto del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, lo cual puede tardar de dos semanas a dos meses. En principio, porque cabe que alguna de las partes presente algún recurso de reforma ante el juez Garzón. Si ello, ocurre, deberá resolverse. Pero, si nadie recurre y todas las partes han sido notificadas, el auto viajará por valija judicial.
Archivo o apertura
Cuando llegue al Palacio de Justicia de Valencia y se le ponga el sello de entrada y registro, la Sala designará un ponente que deberá estudiar la competencia y dictar un auto en el que se acepte o rechace la inhibición. También decidirá si archiva o abre diligencias penales contra los cargos aforados, es decir, Francisco Camps y Ricardo Costa.
El ponente será uno de los miembros de la Sala de lo Civil y Penal, a excepción del presidente De la Rúa, ya que éste siempre preside los juicios y no puede estar contaminado, al igual que ocurre en la jurisdicción ordinaria.
Esta Sala está formada por cinco magistrados. Tres de ellos han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Son los jueces de carrera Juan Luis de la Rúa, José Flor y José Ceres. Los dos restantes fueron elegidos por los partidos más representativos en Les Corts. Se trata de dos catedráticos de la Universitat de València, Juan Montero (PP) y Juan Climent (PSOE).
De los jueces de carrera, Juan Luis de la Rúa y José Ceres pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que José Flors es de «Francisco de Vitoria, de carácter más moderado y progresista. A quién le corresponda el asunto es algo que depende de las normas internas de reparto que aprueba cada Sala periódicamente, en este caso, en 2005. Se tienen en cuenta todos los asuntos de aforados desde 1979, que comenzó por Climent, por ser el más antiguo. Y se reparte por turno, del más moderno al más antiguo.