El "clamor popular" ha acabado con el el proyecto de la Diputación de Valencia para construir una instalación de tratamiento de residuos y un vertedero anexo en Moixent, pero ha sido el conseller de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón el que ha firmado el finiquito de la instalación.
Con su firma, el conseller ha puesto punto final a más de diez años de profundos y costosos informes técnicos pagados por la Administración bajo el paraguas del Plan Integral de Residuos y el Plan Zonal de Residuos. Se trata de dos instrumentos "técnicos" llamados a sortear el ya famoso síndrome NYMBY , que viene a ser algo así como constrúyelo donde quieras: vertederos, incineradoras, autopistas y hasta tanatorios, "pero no donde yo lo vea".
Muchos, incluso los que llevan ya más de veinte años en este oficio de los residuos, creían inocentemente que si el vertedero iba a Moixent era porque el terreno era geológicamente adecuado, se encontraba más o menos en el centro del área que tenía que cubrir y cumplía con las adecuadas distancias a las poblaciones, bienes de interés cultural, paisajes y restos arqueológicos, aunque no estoy seguro si también de las bodegas, ya que las Corts no tramitaron nunca una propuesta del sector vitivinícola para proteger en la Ley de Impacto Ambiental los vinos valencianos de aromas indeseables procedentes de las granjas y otras instalaciones nocivas.
Seguramente, las dos o tres mil firmas recogidas contra el proyecto y los manifestantes que contribuyeron con cada centímetro de su piel al vistoso "No" que una cámara inmortalizó desde un helicóptero - es curioso como los medios de la todopoderosa Administración y algunos Salvem se van igualando- llevan toda la razón del mundo, y el idílico paisaje iba a quedar destruido.
Como se dice el mundo del espectáculo, el público siempre lleva razón. ¿O no?
Lo que duele es descubrir que los informes técnicos con los que se han querido justificar durante años los emplazamientos polémicos, la última trinchera, la gran esperanza del pensamiento racional, no sirven de nada. ¿En qué lugar quedan ahora los técnicos de la Diputación de Valencia? ¿Qué decir del papelón de la jefa del Servicio de Residuos, Carmen de Rosa?; O, ¿qué podría contarnos de este asunto el incombustible y fiel guardián de los arcanos residuales y hasta tóxicos-el extraño contrato con Orange Market salió de su departamento- Jorge Lamparero?
Lo peor es que, sentado el precedente, toca ahora buscar soluciones. ¿Quién le dice a ahora a los vecinos de los pueblos cercanos que sus campos no merecen el apelativo de la Toscana valenciana? ¿Cómo recibirán en Ayora o en Requena, por poner un ejemplo, cualquier proyecto público que huela mal, aunque los técnicos digan que no huele, o que huele a rosas?
Supongo conseller que siempre habrá 1.000 o 2.000 personas dispuestas a echarse al monte y decirle que ellos, sus paisajes, sus yacimientos arqueológicos o sus bodegas no merecen esa ofensa, aunque diez mil informes técnicos digan lo contrario. Seguro que hay ya como diez o doce candidatos a ser la Toscana valenciana esperando a que usted dé el paso para movilizarse.
