Juanjo García Gómez, Valencia
La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, comunicó ayer a la Mesa su decisión de no proceder al pago de las indemnizaciones por cese de mandato parlamentario a los ex diputados, al haber recibido dos informes contrarios, por falta de cobertura legal, del letrado mayor de la Cámara, Javier Guillem, y del jefe del Servicio Económico, Álvaro Cuadrado. El Parlamento no pagará "hasta que no haya informes positivos", indicó a los periodistas al término de la reunión, algo que se antoja improbable, ya que los funcionarios no es previsible que modifiquen su criterio.
El anuncio constituye todo un escándalo ya que el Reglamento de pensiones parlamentarias que ampara este pago se aprobó en la anterior legislatura con Julio de España de presidente de las Corts y la unanimidad de los grupos. Un informe de un letrado de la Cámara, que hacía los mismos reparos admitidos ayer, se silenció. Similares reproches se contenían en la demanda al TSJ que Coalición Valencia presentó contra el citado reglamento y que decayó al desistir el firmante, el ex del PP Javier Tomás Puchol. Unos 25 ex parlamentarios han reclamado el finiquito, lo que podría suponer el desembolso de entre 700.000 y un millón de euros de las arcas públicas. En el trasfondo de la decisión de Martínez se encuentra el que la presidenta, que arrancó su mandato con la bandera de la austeridad, no quiere pasar a la historia como la que dio curso a unos finiquitos que se antojan escandalosos en momentos de crisis.
La titular del Legislativo reunirá hoy a los portavoces para explicarles la situación. Su intención, recalcó, no es otra que la de que se haga todo "dentro del marco de la ley". Los reparos obedecen a la ausencia de una ley estatal que dé cobertura al abono, toda vez que es el Estado quien tiene la competencia para decidir sobre estas prestaciones sociales. Una norma reglamentaria autonómica, aunque tenga rango de ley, no puede regular sobre estas cuestiones, de la misma manera que tampoco podría hacerlo sobre el suelo o la sanidad.
Las pagas de las Corts, ¿en el aire?
Además, es la ley de presupuestos autonómica la que debe prever el desembolso de fondos por razón de cese de los altos cargos. El reglamento reguló que los diputados cobren una cantidad equivalente a su última nómina completa multiplicada por los años de mandato. El último caso, el del Síndic, José Cholbi, en paro dos días como diputado, tenía derecho a 132.000 euros. Aunque se asegura que la decisión sólo afecta a los finiquitos, los argumentos son los mismos para rechazar el abono de las pensiones parlamentarias. Los ex diputados, que la Cámara lleva toreando desde mayo de 2007, podrían denunciar a las Corts.
El CJC se pronunciará sobre las indemnizaciones por cese de los diputados. Comunitat Valenciana
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