Juanjo García Gómez, Valencia
El informe de reparo a las indemnizaciones por cese de los diputados elaborado por el Jefe del Servicio Económico de las Corts deja en evidencia que los funcionarios no han participado en el expediente administrativo para proceder al pago de los finiquitos, que podrían suponer un desembolso económico de unos 900.000 euros en favor de 24 ex parlamentarios. Dicho de otro modo, que el expediente se lo han guisado y comido, a modo de Juan Palomo, los cargos políticos.
La Mesa de la Cámara, a instancias de la presidenta, Milagrosa Martínez, instó a este alto funcionario, así como al letrado mayor, Javier Guillem, a firmar la documentación de pago. Pero el responsable económico, tras sentenciar que las actuaciones para ejecutar el acuerdo de la Mesa de 21 de octubre por el que se reconocieron los finiquitos corrieron a cargo de la Secretaría primera de la institución, esto es, de la diputada del PP María Fernanda Vidal, deja claro que los servicios administrativos de la Cámara no han participado en el expediente.
Por este motivo, añade acto seguido, resulta imposible acreditar de forma fehaciente el cumplimiento de las condiciones para percibir el finiquito por parte de los beneficiarios aprobados. Es decir, no hay ninguna garantía administrativa. En román paladino es que los políticos han gestionado el expediente y no vale a última hora implicar a los funcionarios para guardarse las espaldas.
Responsabilidad exclusiva
En una línea similar, el letrado mayor, quien también emitió una opinión en contra del pago, constata en su informe que la apreciación de la situación de incompatibilidad de los ex diputados solicitantes recae exclusivamente en la Mesa. Es decir, que él no ha informado al respecto, de forma que es el órgano político el que ha decidido quién es compatible y quién no. En todo caso, advierte que la Mesa debería reclamar más información para verificar la inexistencia de incompatibilidad. En caso contrario tendrán que validar la situación actual, bajo su exclusiva responsabilidad.
Por otro lado, como en los referendos, la clave es la pregunta. Según ha sabido este periódico, la consulta que las Corts han elevado al Consell Jurídic Consultiu para buscar un aval a los finiquitos tras los informes internos negativos inquiere al organismo sobre si, a la vista del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones, procede pagar las indemnizaciones por cese o no, pero no pregunta sobre si los finiquitos en sí mismos o la norma que los ampara, el citado reglamento, son legales. De este modo, se abre un resquicio para que el CJC dé cobertura a los pagos sin opinar sobre el reglamento, aunque en este supuesto lo haría en franca contradicción con los funcionaros de la casa.
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