Juanjo García Gómez, Valencia
Una hipotética marcha atrás de las Corts en el pago de los finiquitos a 24 ex parlamentarios tiene base legal. De hecho, los representantes de la Mesa y la Junta de Portavoces la estuvieron discutiendo el jueves, cuando la presidenta, Milagrosa Martínez, sometió a los responsables del Legislativo, en una reunión a puerta cerrada, la situación generada tras los informes contrarios al abono de las indemnizaciones del letrado mayor y del jefe del Servicio Económico. Se trata de la llamada "declaración de lesividad", un procedimiento especial regulado en el artículo 103 de la ley del Régimen Jurídico de las Administraciones.
Éste permite a las administraciones declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta misma ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El artículo 63 fija que son anulables los actos de la Administración "que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder". Tanto los dos informes emitidos a la orden de pago como el dictamen jurídico firmado por otro letrado de la Cámara el 21 de diciembre de 2006, cuando se aprobó el Reglamento de pensiones parlamentarias, concluyen que las Corts no tienen competencias para aprobar los finiquitos. Los servicios jurídicos del Parlamento informaron de esta vía, pero los responsables de la Cámara la rechazaron de plano al considerar que, con el reglamento aprobado y el acuerdo de la Mesa del 21 de octubre de 2008 -por el que se reconocía el derecho al finiquito a los ex parlamentarios- se ha generado ya un derecho, de forma que, si no ahora, las Corts acabarán pagando en los tribunales.
Impugnaciones
Otra opción posible es el recurso a la declaración de nulidad (artículo 62.2), en que incurren las disposiciones administrativas "que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley". Esto lo harían de oficio las Corts y ya los ex parlamentarios afectados podrían impugnar en el contencioso.La Cámara renunció a estas opciones y pidió un informe al Consell Jurídic para avalar el pago. Tan es así que el mismo jueves el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda telefoneó a los diputados ex zaplanistas para tranquilizarlos y asegurarles que cobrarán, pero la presidenta necesita contar con los informes jurídicos que lo avalen. De este modo, dio por hecho que el CJC vestirá el santo de los finiquitos.
De momento, una de ellas, Elvira Suanzes ha presentado un escrito reclamando que le paguen de forma inmediata el finiquito que le corresponde (18.909 euros), reservándose las acciones "civiles, penales o disciplinarias" en caso contrario. La primera en reclamar por escrito su indemnización fue Estefanía Martínez (29.000 euros). Después, lo hicieron, advirtiendo igualmente de acciones legales, Juan Manuel Cabot (64.542), Sandra Climent (15.655) y Fernando Modrego (17.000).
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