JOSÉ SIERRA VALENCIA
El Gobierno cuestiona la legalidad de la prestación de servicios wi-fi que proyecta la Diputación de Valencia y ha encargado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que elabore una normativa para regular la explotación de redes públicas inalámbricas como la propuesta por el organismo presidido por Alfonso Rus.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- en lo sucesivo CMT- ha abierto un periodo de consulta pública para decidir si acepta la explotación de redes basadas en frecuencias de uso común (wifi) por parte de administraciones públicas.
El nuevo marco regulador, del que ya existe un documento base, considera que los "operadores"- la Dipu lo sería si decide prestar el servicio- "deben respetar las mismas normas que el resto de agentes que intervienen en este mercado cuando llevan a cabo sus actividades de telecomunicaciones".
La CMT pretende, con la normativa que está elaborando, " clarificar los escenarios en los que se desenvuelven las actuaciones públicas de forma que no sólo no desincentiven la demanda, sino que constituyan una puerta de entrada a nuevos usuarios y faciliten, de ese modo, la intervención de los operadores privados aumentando así el volumen de sus actividades.
El Gobierno, a través de la CMT, quiere atajar o, mejor, "reconducir", la gran demanda de redes wi fi públicas mediante una nueva normativa que "no entorpezca el desarrollo del mercado".
La Comisión ha investigado el marco normativo existente en España, así como los dictámenes que ya ha emitido Europa al respecto.
Como norma general y en previsión de que las diputaciones, ayuntamientos y otros organismos proyecten ofrecer el servicio gratuitamente, la CMT recuerda que la prestación de servicios por las Administraciones Públicas "en régimen de libre competencia" se rige por la premisa de que su financiación "deberá realizarse por medio de los rendimientos de la explotación de la actividad, no pudiendo neutralizarse con transferencia de fondos públicos".
De hecho, tanto la CMT como la propia comisión europea ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre algunas propuestas realizadas por ayuntamientos en las que existe un nexo común: el servicio no se puede prestar gratuitamente porque, de hacerlo, puede constituir una práctica ileal o exclusionista.
Así, la CMT ha aceptado la creación de una red wifi en Oviedo que pese a que se presta gratuitamente, cuenta con un patrocinador que corre con los gastos, y ha aceptado otras con limitación de horario, "peso" y cuantía de las descargas, velocidad y contenidos.
Respecto al papel de la Dipu, el riesgo es que la CMT asocie las ayudas de la Dipu a las repudiadas ayudas de Estado, lo que dejaría a la norma valencia fuera del juego europeo y como un objetivo a perseguir por la normativa española y europea.
