LEVANTE-EMV VALENCIA
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El coordinador de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Jaime Gil, avanzó ayer que se está ultimando un acuerdo por el que los 20 fallecidos y los 51 heridos por estar en contacto con el amianto mientras trabajaban en la empresa Unión Naval, recibirán una indemnización total de 11 millones de euros. Gil realizó este anuncio tras la reunión con los representantes sindicales para el seguimiento del convenio de colaboración firmado entre Fiscalía y estas organizaciones contra la siniestralidad laboral.
En este sentido, el fiscal señaló que en el Procedimiento abreviado 49/07 del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, "próximamente, se puede llegar a una conformidad, con condenas por delito de una acción por una enfermedad profesional". De confirmarse, éstas serán de "las primeras indemnizaciones en España" por un hecho similar. El fiscal precisó que de los 11 millones de euros, los herederos de los fallecidos recibirán un total de 5 millones, es decir, 250.000 euros cada uno, mientras que los restantes 6 millones se repartirán entre los 51 heridos. Las víctimas enfermaron después de que la empresa estuviera "10 años incumpliendo" la normativa en materia de seguridad, lo que provocó el contacto de los empleados con esta sustancia tóxica.
Gil hizo hincapié en la "trascendencia" de este acuerdo, además de por el montante económico al que ascienden las indemnizaciones, por el hecho de que "los responsables aceptan la condena por incumplir las normas en materia de seguridad laboral y faltas por homicidios y lesiones imprudentes". Es decir, que la empresa "admite la calificación como delito y la pena que se solicita", añadió. En su opinión, esto es un ejemplo de que la fiscalía "se está implicando", al tiempo que subrayó que la "labor ha sido callada y constante durante los años de instrucción", pero "al final las pruebas que se han logrado eran suficientemente sólidas para conseguir lo que hace cinco años era imposible, la conformidad en este tipo de accidentes".
Al respecto, el fiscal destacó que el amianto y la enfermedad profesional "forman parte de una realidad", ya que "no sólo se lesiona aquel que se cae, sino también aquella persona que de una manera lenta, por vía de inhalación, está en contacto con una serie de productos tóxicos y no tiene revisiones médicas".
Condenas a 22 personas
Por otro lado, veintidós personas fueron condenadas a penas de prisión por delitos contra la seguridad laboral en 2008, año en que se dictaron 25 sentencias en esta materia, según la memoria de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral correspondiente al año pasado. Gil señaló que la cifra de 22 condenados "dista mucho de las pocas condenas de hace años". De las 25 sentencias dictadas -frente a las 30 del año anterior y las 29 de 2006-, cuatro fueron absolutorias. La memoria señala que en el sector de la construcción se produjeron 11 muertes en 2008, las mismas que en 2007, un dato "poco esperanzador".
