Julia Ruiz, Valencia.
Los subalternos de la Generalitat tendrán a partir de ahora un argumento de peso para negarse a subir cafés o refrescos a los despachos de los altos cargos, una tarea a la que muchos se ven obligados por la abusiva actitud de sus superiores. Una juez ha dictado una sentencia en la que libera a estos funcionarios de estas tareas y en la que advierte a los responsables públicos que la Administración tiene unas reglas.
«Si la Administración considera necesario disponer de un servicio de restauración o de camareros, nada le impide disponerlo así, creando una categoría específica de personal con una funciones definidas y encaminadas a satisfacer esa necesidad, pero ello no la autoriza a exigir a sus funcionarios aquellos cometidos que no les atribuye la norma reguladora de cada grupo», asegura la magistrada sustituta del juzgado contencioso-administrativo número 7 de Valencia. El fallo establece que «evidentemente, el servicio de agua, leche o refrescos nada tiene que ver con la actividad administrativas de una conselleria» y recuerda que los subalternos tiene encomendadas «tareas exclusivamente relacionadas con el quehacer administrativo».
La resolución da la razón a un supervisor-subalterno de la Conselleria de Bienestar que decidió llevar hasta sus últimas consecuencias lo que es una queja tradicional de los funcionarios de su grupo. El conflicto se inició en marzo de 2005 cuando el citado subalterno remitió un escrito a la Secretaria General Administrativa de la Conselleria de Bienestar Social en la que denunciaba que «por parte de las secretarias de la consellera se viene requiriendo al personal subalterno adscrito a la Subsecretaría para que lleven agua, leche o refrescos a sus despachos». La queja cayó en saco roto, ya que la respuesta de la Secretaría General Administrativa fue recordar al funcionario que los subalternos «deben seguir prestando el servicio como hasta ahora». Además, instaba al denunciante a que, en su calidad de supervisor, asumiera «aquellas funciones que no sean realizadas por otros subalternos». El supervisor, delegado sindical de la FSP-UGT, se negó a cumplir esta resolución y acabó recurriendo a la vía judicial.
La FSP-UGT avisó ayer que a partir de ahora estarán vigilantes y denunciaran por acoso moral a cualquier alto cargo que trate de abusar de los subalternos. El secretario de autonómicas de la FSP, Gonzalo Fernández, indicó ayer que lo más importante de la sentencia es que «dignifica» al empleado público. «Quien quiera criados que se los pague», dijo.
No es la primera sentencia que fija en negro sobre blanco los límites en las tareas de los subalternos. El antecedente más inmediato fue el fallo que determinó que estos funcionarios no están obligados a llevar uniforme.
