Efe, Madrid
El acuerdo fue adoptado por amplia mayoría -ocho votos a dos- y después de una deliberación relativamente corta, ya que los diez magistrados que integran el pleno se reunieron el lunes durante poco más de dos horas y no retomaron sus discusiones hasta bien avanzada la tarde de ayer. En cualquier caso, la decisión de no tramitar estas recusaciones, es decir, de rechazarlas sin tomarlas siquiera en consideración, se preveía después de que el pasado jueves el presidente accidental del pleno, el conservador Vicente Conde, decidiera convocar al pleno con la admisión o no a trámite de las recusaciones del PP como único punto del orden del día.
El PP veía así frustrado su intento de vincular el futuro de sus recusaciones al de las de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, recusados a su vez por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno.
Hasta en tres ocasiones, la última el pasado viernes, el PP pidió al Constitucional que acumulara las cinco recusaciones y las tramitara y resolviera conjuntamente, ya que entendía que existía «conexidad» entre ellas.
El PP se basó en una noticia
Sin embargo, ni Conde ni la mayoría de los magistrados del pleno lo han visto así.
El PP recusó el pasado 25 de octubre a Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala basándose en una información publicada el día anterior por el diario El Mundo en la que se aseguraba que éstos se habían pronunciado a favor de la reforma de la LOTC en una reunión con la presidenta María Emilia Casas y los magistrados conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas. Días después, los seis jueces desmentían la información del periódico en una carta en la que afirmaban: «lo hablado por cada uno de nosotros (...), sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo».
Cuando este diario publicó la noticia luego desmentida por todos sus protagonistas, hacía casi una semana que el Gobierno había recusado en la misma causa -el recurso del PP contra la LOTC- a los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.
Era la primera ocasión en la historia en la que un Gobierno recusaba a unos magistrados del Constitucional, y el Ejecutivo se basó para ello en una carta que los dos magistrados escribieron el pasado mes de junio y en la que mostraron su «más profunda discrepancia» con la reforma de la LOTC. Esta ley entró en vigor el pasado 26 de mayo y tuvo como primer efecto la prórroga automática del mandato de la presidenta, cuyo voto de calidad -ante la igualdad de fuerzas entre conservadores y progresistas- puede ser fundamental para resolver los recursos del PP contra la mayoría de las leyes del Gobierno, entre ellas la de matrimonios homosexuales o el Estatuto catalán y la reforma que regula el Tribunal.
