El PP y el Consell elaboran un dossier contra De la Vega para tratar de erosionar su imagen

Operación trapos sucios. Así podría denominarse la campaña que han activado el Partido Popular y la Generalitat para socavar la imagen de la vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista por Valencia al Congreso, María Teresa Fernández de la Vega.

Víctor Romero, Valencia
Los populares se han puesto manos a la obra para rebuscar en los cajones y los registros públicos papeles y argumentos destinados a desprestigiar a la número dos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera andanada fue desempolvar el decreto de derogación del trasvase del Ebro firmado por De la Vega; la segunda llegó de una petición al Gobierno de recursos hídricos para Segovia cuando la vicepresidente fue diputada por esta circunscripción. Esta crítica llegó a acompañada de una alusión en las Corts del vicesecretario regional del PP, David Serra, al «chaletito de 500 metros cuadrados» que De la Vega posee en Segovia, un dato que fue publicado por una revista semanal de tirada nacional.
Pero el grueso del dossier elaborado por los responsables de la formación de la gaviota lo conforma una documentación relativa a la finca propiedad de la familia de De la Vega en Beneixida, donde ella se ha empadronado para poder votar en la provincia de Valencia. El dossier no sólo incluye datos sobre la situación mercantil y urbanística de esta finca -Villa Elena- sino incluso ortofotos (imágenes aéreas) que ilustran el devenir de la calificación urbanística de la zona. El primer cargo popular en hacer referencia a esta documentación fue el portavoz del PP en las Corts, Esteban González Pons, quien preguntó a De la Vega en público «si se benefició de la reclasificación del naranjal en el que se ha empadronado, pese a combatir la legislación urbanística valenciana». Esa alusión de Pons, que llegó a hablar de «pelotazo», provocó anteayer que De la Vega diese instrucciones a sus abogados para estudien acciones legales ante lo que considera «falsedades» y «ataques a su honor y reputación, y ahora también a su persona y familiar por parte de responsables del PP de la Comunitat».
Sobre esta advertencia de la vicepresidenta se pronunció ayer el secretario regional del PP, Ricardo Costa, quien salió en defensa de González Pons y aseguro que es «absolutamente normal» que pida al fiscal que investigue en empadronamiento de De la Vega en Beneixida. Costa dijo que «parece ser que reside en Madrid y, de tapadillo, ha venido a Valencia a casa de un familiar, pero no para vivir, sino para poder votar». Costa aseguró que De la Vega «no ha desmentido ninguna de las cosas de las que se le han pedido explicaciones». «No ha dicho que no le ha empadronado un primo en Beneixida, y que los posibles beneficios que podría haber obtenido no hayan sido gracias a una ley que, como vicepresidenta del Gobierno ha criticado».
Competencia del Supremo
Sobre la petición de los populares, fuentes de la Fiscalía de Valencia citadas por Europa Press aseguraban ayer que no es ella el órgano competente para atender la petición del PP, sino la Fiscalía del Supremo previo suplicatorio del Congreso por su condición de aforada. El secretario de Organización de la comisión gestora del PSPV-PSOE, Alfred Boix, criticó ayer «la voluntad deliberada» del PPCV para «engañar a los ciudadanos», y emplazó a Costa, a acudir al Tribunal Supremo «si tiene algo que alegar».