Levante de Alacant, Alcoi
Cinco organizaciones ecologistas han exigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que paralice el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y la instalación de parques eólicos en los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 y protegidos por la Unión Europea. En un comunicado, la Coordinadora d'Estudis Eólics de El Comtat ha informado de que estas organizaciones han solicitado por escrito al Consell la paralización de las actividades de los parques ya ejecutados y de la tramitación administrativa de los restantes, en aplicación del principio de precaución.
Según la plataforma, este colectivo junto a Acció Ecologista, las sociedades española y valenciana de Ornitología y la Asociación para el Desarrollo Eólico Sostenible (ADES), que agrupa a diversas plataformas contrarias al Plan Eólico, han exigido en el manifiesto dirigido a Camps que revise el Plan Eólico y excluya todos los espacios que, "según Europa, deben ser declarados Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Lugares de Interés Comunitario (LIC)".
Las organizaciones recuerdan que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea condenó a España y a la Comunitat Valenciana por no declarar suficientes espacios protegidos, "lo que provoca graves problemas ambientales", según el presidente de la Societat Valenciana d'Ornitologia, Pedro del Baño, quien considera razonable paralizar el Plan Eólico para adaptarlo al mapa definitivo de espacios protegidos.
Los colectivos conservacionistas indican en su manifiesto que los efectos del Plan Eólico sobre el territorio son incompatibles con la política contra el cambio climático, que no hay estudios sobre la existencia de viento suficiente y que el actual mapa eólico discrimina a las zonas rurales de interior de la Comunidad. El escrito se presentó tras la aprobación por la Comisión Europea de la relación de LIC en la Comunitat Valenciana, que afecta a 14 de las 15 zonas del Plan Eólico, y a raíz de la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2007, que condenaba a la C. Valenciana.
