José Parrilla, Valencia
La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado, entidad participada por la Generalitat Valenciana y Bancaja, despidió el pasado verano a seis trabajadores que formaban parte o eran afines a la lista de Comisiones Obreras que había ganado las primeras elecciones sindicales de la entidad apenas una semana antes.
Para ello, la gerente de Fundar, Esther Fonfría, utilizó la fórmula del despido improcedente y pagó 75.000 euros en indemnizaciones. Su explicación fue que los puestos de trabajo habían quedado obsoletos y se había puesto en marcha una reorganización de la plantilla.
Los trabajadores, sin embargo, no pensaron así y tres de ellos denunciaron a Fundar por persecución sindical. Entienden que no hay razones objetivas para el despido y que la decisión de Fonfría fue una venganza por su participación en unas elecciones sindicales a las que se opuso desde el principio.
Después de que uno de las trabajadoras llegara a un acuerdo en el primer juicio, ayer se celebró el segundo, esta vez sin contactos previos. La vista se celebró en el Juzgado de lo Social número 12, en la Ciudad de la Justicia, y las posturas de ambas partes fueron prácticamente las mismas.
La acusación pidió que se declarase nulo el despido y se reingresara a la trabajadora en su empleo anterior. La defensa, por contra, pidió que se declarase la legalidad de la medida.
Sólo quedaba entonces el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, que finalmente se puso del lado de la acusación. En sus conclusiones finales aseguró que ni en la carta de despido se precisaba el motivo del mismo ni en las tres horas de juicio se había llegado a una conclusión clara en este sentido.
Entiende, por tanto, que hay indicios para creer que se ha vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical.
Varios frentes abiertos
El patronato de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado está presidido en la actualidad por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, que entró a formar parte del mismo nada más crearse su conselleria y que desplazó del cargo al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, sólo seis meses más tarde, en la reunión del patronato celebrada el pasado 30 de diciembre.
Desde que surgió el conflicto de los despidos, Fundar ha sido acusada de otras irregularidades, como pagar a trabajadores que prestan servicio en las consellerias de Inmigración y Bienestar Social.
Además, Blasco ha retirado a la Plataforma del Voluntariado Social, que agrupa a más de 300 ONGs, el 90% de las subvenciones que recibía. La plataforma también había sido crítica con los despidos y con algunas de las iniciativas de Fundar.
