La vicepresidenta lamenta que jóvenes y dependientes paguen la confrontación del Consell con el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha lamentado que los jóvenes y los grandes dependientes de la Comunitat Valenciana "paguen" que la Generalitat quiera "confrontar con el Gobierno de España", algo que es "muy grave" y le parece "absolutamente intolerable".

EFE En el transcurso de Los Desayunos de la Agencia EFE en el hotel Westin, la también cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia ha denunciado el "boicot" que autonomías como la valenciana están poniendo a la aplicación de la Ley de Dependencia o la tramitación de la Renta de Emancipación para los jóvenes.

A su juicio, el PP está usando instituciones democráticas "como ariete contra el Gobierno, sin darse cuenta de que al final lo que hace es perjudicar a los ciudadanos", dentro de la estrategia de los populares en esta legislatura de "confrontar y enfrentar" en los "temas claves", que ahora aplican también a las políticas sociales.

De la Vega ha alertado a las Comunidades que están poniendo "trabas burocráticas" a la aplicación de estos derechos que están tirando "piedras contra su tejado", y ha afirmado que el Gobierno "va a apoyar a esos ciudadanos en el reconocimiento del ejercicio de un derecho".

Por otra parte, ha asegurado que el PP es el que "ha derogado" el trasvase del Ebro, pues durante cuatro años "ha promovido la confrontación territorial y ciudadana", ha utilizado "manifestaciones en Alicante, Murcia, Valencia y hasta Madrid, porque era clave", y ahora "deja de serlo".

Por ello, considera que el PP debe explicar a los ciudadanos "por qué les ha engañado", y exponer cuál es su política y cómo va a traer agua "si no valen las desalinizadoras ni el trasvase".

A su juicio, los grandes acontecimientos de la Comunitat Valenciana, que el Gobierno ha apoyado y apoya, y en los que ha invertido, se deben abordar desde una perspectiva más de "rentabilidad futura", de forma que sean "razonables en los costes e inversiones", sostenibles y permanezcan en el futuro para los valencianos.

De la Vega ha lamentado que sólo ha recibido "descalificaciones" por parte del PP valenciano desde que es candidata, una campaña en la que no va a caer por respeto a sí misma y a los ciudadanos, y ha afirmado que "parece que tienen miedo a que vote" en Valencia.

La candidata ha asegurado que, pase lo que pase el 9 de marzo, cumplirá su compromiso con los valencianos "con el mismo nivel de exigencia" con que ha cumplido esta legislatura su compromiso con todos los españoles.

Ha manifestado que "por supuesto" habrá debate electoral, y que está dispuesta a debatir "con quien quiera, con el candidato que figura, con el que no figura", con quien el PP "decida, cuando decidan y como decidan".

La candidata socialista se ha mostrado convencida de que el 9 de marzo van a "mejorar resultados" en toda España, porque "el cambio se ha comprometido y la gente continúa queriendo el cambio, no quiere volver atrás", mientras que el PP mantiene unas posiciones "muy a la derecha".

La vicepresidenta del Gobierno ha reivindicado la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad e inmigración, y ha afirmado que "la derecha" siempre promete en campaña electoral "más penas, más castigos" y "menos impuestos", pero luego "no lo lleva a la práctica nunca".

Ha resaltado que ese planteamiento del PP es "muy demagógico, porque ellos no son nuevos", y así por ejemplo el líder del PP, Mariano Rajoy, dejó al Gobierno socialista "700.000 irregulares trabajando, explotados", y redujo en 7.000 el número de policías.

La vicepresidenta se ha preguntado de qué habla el PP en materia de seguridad y de inmigración "si la plana mayor del equipo que pretende gobernar" cuenta con Rajoy y con Ángel Acebes, que fueron ministros del Interior, y con Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo, quienes espera que hayan "aprendido" de la gestión del actual Gobierno.

Respecto a la seguridad, la candidata ha felicitado al PP por reconocer ahora que "es un derecho de ciudadanía, no para el que se la pueda pagar".

En materia de inmigración, el Gobierno se encontró "con el mayor número de ilegales que ha habido en este país" y ha promovido, según De la Vega, una política de inmigración "legal y ordenada", y ha luchado de forma "absolutamente firme" contra la inmigración ilegal.

La vicepresidenta ha calificado de "irresponsable" la propuesta de que los inmigrantes legales tengan que firmar un contrato, algo que puede "promover la confrontación e incluso el racismo y la xenofobia".