José Parrilla, Valencia
La plataforma de reciente creación Acció Popular contra la Impunitat emitió ayer un comunicado en el que recuerda el apuñalamiento de un joven en Valencia y el intento de grabar una esvástica a otro chico en Castelló para asegurar que la Comunitat Valenciana se encuentra en una "situación extrema frente a la violencia ultra". Asegura, además, que estas acciones se cometen con absoluta tolerancia de los jueces, que han permitido, por ejemplo, que los autores del apuñalamiento de Valencia estén en la calle; y de la Delegación del Gobierno, que "solo tiene palabras para minimizar los hechos, sin mostrar ningún tipo de empatía ni solidaridad con las víctimas".
La plataforma anuncia, por tanto, su intención de apoyar y asesorar a las familias y exige a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía que persiga a los autores de estas barbaridades y también a las organizaciones, muchas de ellas legales, que están detrás de estas acciones. "Es el momento de plantear un tope democrático para las formaciones que promueven la discriminación por distintos motivos y estudiar la posible ilegalización de formaciones vinculadas con los delitos de odio o que atenten gravemente en su discurso contra la libertad de las personas", dice. "Negar la existencia del problema no servirá para que éste desaparezca, sino para consolidar su existencia", añade.
En la misma línea, el candidato al Senado por la coalición Bloc-Iniciativa-Verds Carles Mulet condenó las últimas agresiones nazis y aseguró que "se han sobrepasado ya todos los límites, pues se ha pasado a la agresión física por motivos ideológicos".
Sólo en el País Vasco
Mulet lamentó que la Ley de Partidos sólo se aplique en el País Vasco, cuando "aquí hay partidos políticos que no condenan la violencia, que mantienen en sus candidaturas a destacados neonazis autores de agresiones de todo tipo, y se presentan impunemente a las elecciones, hecho que demuestra que hay una doble vara de medir".
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