En entrevista con Efe el director del programa de la ONG para México y Centroamérica, Darío Ramírez, sostuvo que era "preocupante que el gobierno no se pronuncie en ninguno de los casos" en que son o han sido agredidos los periodistas y que no haya logrado poner en pie "acciones efectivas" de protección.
"Su silencio me parece que es un tanto preocupante y además da un mensaje contrario (...) a los perpetradores", explicó el activista, quien acudirá a Ginebra para seguir de cerca la presentación del informe mexicano en el IV Examen Periódico Universal ante el CDH.
La ONG ha presentado su propio análisis específico sobre la libertad de expresión, en el que denuncia que México es "uno de los (países) más peligrosos del mundo para los periodistas", donde la autocensura se ha convertido en la "única vía de autoprotección".
Desde que el presidente de México, Felipe Calderón, está en el poder (del 1 de diciembre de 2006) "esta situación no ha logrado mejorar", indica "Article XIX".
Para Ramírez es fácil señalar al Gobierno federal pero admite que "un 50 por ciento de la responsabilidad cae en los gobiernos locales, los cacicazgos y la corrupción".
La ONG recuerda que "las autoridades y los traficantes de droga siguen siendo las principales amenazas a la libertad de expresión" en México, copando los primeros el 42 por ciento de los casos y los segundos, un 11 por ciento.
Sostiene además que la situación que enfrentan los periodistas en México "es resultado de la falta de voluntad política del Estado, para prevenir, investigar y castigar violaciones de libertad de expresión".
La ONG recuerda que desde el 2000 hay ocho periodistas desaparecidos y que continúan las muertes de informadores y trabajadores de los medios.
Según sus cifras, en 2007 fueron asesinados 5 informadores, y 13 más en 2008.
Article XIX deplora también que la militarización de México dentro de la campaña contra el crimen organizado haya "provocado un incremento de la violencia", y señala que la estrategia de operativos con soldados y policías "arroja ya ataques directos a comunicadores".
"Agentes de esas instituciones han amenazado, agredido y detenido a periodistas locales injustamente", lo que achaca a la falta de capacitación de militares y agentes policíacos, "que no estaban entrenados para tener contacto permanente con las comunidades y los periodistas", señala el informe.
Aunque el Estado cuenta desde 2006 con una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas, con una comisión de seguimiento de las agresiones en el Congreso, y con un programa de agravios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 1991, Ramírez considera que esas instituciones son insuficientes.
En este sentido pidió mirar de cerca la experiencia de Colombia, un país que cuenta con un programa oficial de protección a periodistas "verdaderamente funcional", con un presupuesto anual de unos 4 millones de dólares, en el que participa la sociedad civil y que "ha salvado vidas".
Finalmente criticó que el Gobierno de México intente apuntar como un logro que la difamación ha quedado despenalizada en México, algo que no sucede en los ordenamientos jurídicos de 28 de los 32 estados del país.
