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EFE Las mujeres gestantes menores de 18 años de la Comunitat Valenciana tendrán derecho a atención escolar domiciliaria, si procede y previo informe médico, según recoge una enmienda del PP aprobada hoy en Les Corts Valencianes a la proposición de ley de protección de la maternidad.
La comisión parlamentaria de Política Social y Empleo ha debatido las 239 enmiendas presentadas por los grupos a dicha proposición de ley del grupo popular, de las que se han aprobado la veintena de alegaciones formuladas por el PP y se han rechazado todas las demás.
Otra de las enmiendas aprobadas establece que cuando alguna de las personas que forme parte de la unidad familiar sea una mujer embarazada se considerará, a efectos de la ley de renta garantizada de ciudadanía, que la unidad familiar está integrada por uno o más miembros adicionales, según el número de hijos que espere, lo que se acreditará con una certificación médica.
La socialista Consuelo Catalá ha denunciado que esto supone que, "en lugar de dar el Consell ayudas directas a las mujeres embarazadas que quieran tener sus hijos, se amplía la titularidad de esas ayudas a entidades y familias de adopción".
Para la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, esta ley es "una excusa para financiar una red paralela de organizaciones mal llamadas de protección a la vida no nacida" y que en realidad son "enemigas de la libertad de las mujeres", y ha considerado que lo que se debería hacer es dar ayudas económicas al nacimiento de hijos.
Catalá ha criticado además la "discriminación" que supone la atención domiciliaria a embarazadas con respecto a cualquier niño enfermo en la etapa escolar, y ha considerado que lo que se busca con esta medida es "esconder a las adolescentes embarazadas", lo que tiene una "carga ideológica muy gorda".
Otra de las modificaciones introducidas por el PP ha sido añadir un párrafo para explicitar que, para solicitar la información prevista en esta ley, las menores de 16 años no emancipadas ejecutarán ese derecho "de manera responsable bajo la orientación de sus padres, representantes legales o cuidadores".
La diputada del PP María José García Herrero ha justificado el rechazo de todas las enmiendas de la oposición en que se han presentado desde un enfoque no de protección de la vida y a la mujer gestante con circunstancias difíciles, como hace el PP, sino para hablar "de la interrupción del embarazo o de la píldora postcoital".
García Herrero ha indicado además que muchas de las enmiendas del grupo socialista se refieren a cuestiones educativas y sanitarias que ya están contempladas en el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana y por tanto están ya "totalmente reconocidas", y ha insistido en que el futuro es apostar por la vida, la conciliación y la corresponsabilidad en la crianza.
Catalá ha lamentado que el PP no haya seguido las recomendaciones del Consell Jurídic Consultiu de retirar algunos artículos que no deberían recogerse por ser declaraciones programáticas, y ha reivindicado el derecho a la planificación, a la salud sexual y reproductiva o a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Oltra ha reclamado medidas como una red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, el derecho a decidir sobre el parto, a si se sigue adelante o no con el embarazo, a poder interrumpirlo dentro de la red sanitaria pública, a la educación sexual y a la información sobre los medios anticonceptivos.
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