El Ministerio resta credibilidad al informe

EFE El Ministerio de Sanidad resta importancia a los resultados del estudio Euro Health Consumer Index (EHCI) -elaborado anualmente por el centro de análisis Health Consumer Powerhouse, con el apoyo de la Unión Europea (UE)- asegurando que se trata de un informe realizado a través de entidades privadas que "carecen de metodología contrastada" y enfocan este servicio "como negocio, no como derecho".

El EHCI 2009 sitúa a España fuera del grupo de los 20 países con mejor sistema sanitario de Europa, ubicándolo en el puesto número 21, tras descender tres posiciones respeto a la lista de 2008. Entre las categorías en las que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se llevaría las peores notas están el acceso y la calidad de sus servicios, los derechos del paciente y su sistema de información o 'E-health'.

Según explicaron fuentes de Sanidad, este índice tiene "un valor muy relativo", ya que reúne datos "de diversos estudios, publicaciones y fuentes, en ocasiones no respaldados por estadísticas oficiales, proceden de fuentes no contrastadas".

"Un negocio"

Además, este informe, realizado cada año desde 2005 por Health Consumer Powerhouse, una empresa privada, contempla la sanidad "no tanto como un derecho, sino como un negocio, un bien de consumo", sin tener en cuenta el modelo de sistema existente en cada país.

"De hecho, el estudio no incluye entre sus indicadores ni la universalidad en la protección de la salud ni el pago o copago de los servicios sanitarios. Por el contrario, considera como indicadores de calidad el acceso directo a los médicos especialistas o la asistencia sanitaria privada", apuntaron desde el ministerio.

Para Sanidad, resulta "llamativo" que el estudio suspenda a España en 'E-health', ya que, en la actualidad, la implantación de la receta electrónica beneficia a cerca de nueve millones de personas y todas las comunidades autónomas.

Otro de los aspectos peor valorados es el acceso de los pacientes a su propia información clínica cuando, según Sanidad, "es un derecho reconocido en España nada menos que por cuatro leyes": la Ley General de Sanidad de 1986; la Ley de Autonomía del Paciente de 2002; la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003; y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 1999.