¿Vivimos vigilados?

AGENCIAS. La proliferación de sistemas de vigilancia en nuestra sociedad es hoy una realidad. Con la protección de la ciudadanía como principal excusa, las administraciones han plagado de cámaras las calles controlando así, los movimientos y actitudes de la población. La nueva arma de protección, o de control, utilizada por el Ministerio de Interior se llama SITEL.

El Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL), es un potente método de vigilancia utilizado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, que se emplea para "pinchar" llamadas de posibles "sospechosos".

SITEL es una herramienta informática que fue regulada primero en un Reglamento del Ministerio de Industria de 2005 y después en la Ley General de Telecomunicaciones de 2007 y cuyo funcionamiento ha estado sometido a constantes denuncias sobre su dudosa constitucionalidad y la supuesta falta de controles democráticos y judiciales efectivos.

El 24 de octubre de 2001 fue Mariano Rajoy, entonces vicepresidente primero y ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, quien suscribió el contrato de la compra del software que hoy usa el Ministerio del Interior para interceptar las comunicaciones e identificar a los hablantes.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho público ese contrato, además de otros dos que prorrogaban la puesta en marcha del proyecto hasta noviembre de 2003, en este caso firmados por la subsecretaria de Interior en esas fechas, María Dolores de Cospedal, hoy secretaria general del PP.

Recurso ante el TS

La Asociación de Internautas, que considera que el sistema no cuenta con una regulación clara ni con las garantías suficientes que requiere un derecho fundamental, recurrió el Reglamento ante el Tribunal Supremo (TS) y después llevó el asunto hasta el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea, asegurando que durante el Gobierno del PP tanto los Ministerios de Defensa y de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitieron informes poniendo en duda la cobertura legal de SITEL.

El TS rechazó el recurso de esta asociación en febrero de 2008 y consideró que la Ley General de Telecomunicaciones era un marco normativo adecuado para regular la interceptación de conversaciones telefónicas de presuntos delincuentes.

Otras muchas críticas de destacados juristas han ido dirigidas al hecho de que se pueda acceder a datos personales, como la identidad o el DNI, sin autorización judicial.

El sistema que el Gobierno de José María Aznar introdujo en nuestro país empezó a funcionar a pleno rendimiento en el año 2004. Tras la llegada del PSOE a la Moncloa en marzo de ese año, el primer ministro del Interior de Zapatero, José Antonio Alonso, heredó el "software espía".