La Ley del Aborto permitirá objetar a los médicos de forma individualizada

EUROPA PRESS MADRID Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV acordaron ayer que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto.
Así lo aseguraron ayer en rueda de prensa en el Congreso los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC), quienes explicaron que el hecho de introducir la educación sexual en los programas escolares busca prevenir los embarazos no deseados.
Del mismo modo, indicaron que el acuerdo sobre la formación de los profesionales del sistema sanitario establece que los estudiantes de Medicina y Enfermería se formarán, con carácter curricular, en salud sexual y reproductiva y "en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo".
Estos grupos también acordaron que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero.
La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos.

Anticonceptivos subvencionados
Del mismo modo, estos partidos han pactado que la nueva ley garantice que a las mujeres que lo deseen se les practique un aborto en el territorio en el que residan.
Según explicaron, ambos grupos también acordaron que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado. El Gobierno decidirá de qué anticonceptivos financia el 40% y de cuáles el cien por cien. Asimismo, se está pensando que haya colectivos, como el jóvenes y el de mujeres con pocos recursos, que puedan acceder a ellos gratuitamente. ERC e IU estimaron que esta medida tendrá un coste de unos 100 millones de euros al año. Otros de los acuerdos entre estas formaciones y el Gobierno es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22 de gestación, de modo que será suficiente con el informe de un especialista. "Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante", añadió Llamazares.
En cuanto a asunto del aborto en las menores, los representantes de ERC-IU-ICV aseguraron que no se oponen a que se informe a los padres, pero precisaron que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 ó 25 años".
El proyecto de ley será debatido hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso y votada en el Pleno de la Cámara del próximo día 17, última sesión ordinaria antes de las fiestas de Navidad.