Los médicos proponen la desaparición de máquinas de tabaco

AGENCIAS. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha propuesto al Gobierno la desaparición de las máquinas expendedoras de tabaco de los espacios públicos en 2012, y alerta de que la ampliación de los puntos de venta de cigarrillos a partir de esta semana se traduce en una mayor accesibilidad para los menores.

Las 44 organizaciones médicas que integran el CNPT opinan que el hecho de extender la venta de tabaco a los locales de prensa con acceso directo a la calle no tendrá un efecto importante sobre los menores, pero sí supone dar un mensaje social equivocado.

El pasado 27 de diciembre, entró en vigor la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la llamada ley ómnibus), que en su artículo 43 regula y ordena el mercado del tabaco en España para adaptarse a una directiva de la Unión Europea.

En un comunicado, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) pide al Gobierno que después de un periodo transitorio, las máquinas expendedoras sean eliminadas de los espacios públicos de manera que el tabaco sólo sea vendido en los estancos o expendedurías oficiales, "que están bien controladas por la Comisionado para el Mercado de Tabaco".

"Con 16.050 estancos en la península y Baleares puede garantizarse perfectamente el suministro de los menos de diez millones de fumadores; un número casi similar de farmacias (20.000) asegura el suministro de medicamentos a toda la población española", explica la organización.

Calcula, además, que la entrada en vigor de esta ley puede traducirse en que casi 4.000 puntos de venta de prensa puedan volver a vender tabaco, lo que facilitará el acceso a los menores.

En este sentido, los médicos recuerdan que el 70 por ciento de los estudiantes de enseñanza secundaria, con edades menores de 18 años, admiten que es fácil o muy fácil obtener cigarrillos.

"Esto supone que las medidas de control y restricción de puntos de venta no han tenido el efecto esperado", añade el Comité, que insiste en que la salud y la protección de los menores son bienes constitucionales que hay que proteger frente a beneficios marginales de los quiosqueros, vendedores de prensa y otros sectores que participan en la distribución del tabaco.