Convivencia y sanción

RAMÓN FERRANDO
VALENCIA Los municipios valencianos se han lanzado a regular todos los aspectos que suponen una agresión al espacio común. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha presentado esta semana una norma marco que persigue la mendicidad «agresiva», la prostitución, la venta fraudulenta de música y películas piratas, la actividad de los gorrillas o cualquier otra que perturbe la tranquilidad de los vecinos como el botellón o el vandalismo. El Ayuntamiento de Barcelona fue pionero al aprobar en 2006 una normativa muy parecida que saltó a los medios de comunicación por las sanciones a prostitutas y clientes, pero que regulaba más de un centenar de situaciones para garantizar la convivencia ciudadana.
La Federación Española de Municipios y Provincias adaptó la ordenanza barcelonesa en julio y la valenciana la ha ampliado y endurecido al proponer sanciones de 400 euros a los compradores de CD o DVD piratas o castigar con 3.000 euros a las personas que mantienen relaciones sexuales en un coche aparcado en la calle sin que medie dinero.
Las normativas marco para fomentar la convivencia han contado con un fuerte rechazo de algunas ONG que consideran que tratan de ocultar problemas como la mendicidad sancionando a los indigentes sin resolver el problema de fondo. Sin embargo, los jueces han respaldado hasta ahora las sanciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó que la norma que imponía multas a prostitutas y clientes era legal y el de Castilla León sólo obligó el Ayuntamiento de Valladolid a dejar sin efecto la corresponsabilidad de los padres de menores sancionados por hacer botellón o grafitis y otros dos puntos sin relevancia.
La fiebre reguladora de los municipios choca con la realidad al quedar inejecutables aspectos claves como las sanciones a los aparcacoches, que son insolventes y continúan exigiendo a diario unas monedas a vecinos de ciudades que han abordado el problema como Sevilla. El portavoz de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias admitió que la aplicación de este tipo de ordenanzas «deja mucho que desear. En Sevilla o en Dos Hermanas sigue habiendo gorrillas porque sus normativas han quedado en papel mojado».

Penas de arresto
La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, ha reconocido que la normativa marco que han impulsado no es la panacea, pero cree que introduce mecanismos para que no fracase como la posibilidad de llevar al juzgado a los infractores por desobediencia, lo que implica que pueden ser condenados a penas de arresto. La Audiencia de Alicante aprobó en septiembre un protocolo que daba cobertura legal a las detenciones por desobediencia para luchar contra los aparcacoches. Sin embargo, sólo uno de los nueve magistrados de Instrucción de Alicante confía en la medida y la aplica a rajatabla.
La ordenanza valenciana, que en los principales puntos reproduce literalmente la de Barcelona, cuenta con el respaldo de los principales municipios de la Comunitat. Los responsables de las policías locales de Valencia, Alicante, Castelló, Elx, Paterna y Vila-real han trabajado durante cuatro meses con juristas en la elaboración del documento. La regulación tiene el apoyo de PP, PSPV y Bloc, y el rechazo de Esquerra Unida que cree que tiene reminiscencias de la ley de vagos y maleantes vigente durante franquismo por sanciones como la de 400 euros a los indigentes que duermen en un banco.

Satisfacción en Barcelona
El camino que abrió Barcelona hace cuatro años para «garantizar la convivencia» y que el ayuntamiento catalán considera cubierto lo han seguido Lleida, Sevilla, Mataró, Badalona, Valladolid, Lugo, Eivissa y Granada. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, intentó hace dos años consensuar una normativa centrada en sancionar a prostitutas y clientes, y a aparcacoches, pero no logró imponerla por el rechazo que generaba.
El Ayuntamiento de Madrid está luchando con problemas concretos como la prostitución en el centro con cámaras de vigilancia, que tras unos primeros meses de buenos resultados no han logrado erradicar el problema. Una portavoz del Ayuntamiento de Madrid explicó que de momento no se plantean adoptar la ordenanza de convivencia porque «no hay suficientes policías para controlar que se cumpla».
Sin embargo, los promotores de la propuesta valenciana están convencidos de que está vez sí se reducirán los conflictos. Todo depende del empeño que pongan los municipios en hacer cumplir sus propias normas. El Ayuntamiento de Beniparrell ha logrado acabar con la prostitución callejera en su término en tres meses a base de sanciones de 350 euros a meretrices y clientes. El primer día recaudó mil euros en multas. Las prostitutas se han desplazado a poblaciones colindantes como Albal, que quiere adoptar la norma.