La normativa valenciana, denominada Ordenanza de Protección del Espacio Público, centra un tercio de las propuestas en combatir el vandalismo juvenil, el botellón y el uso indebido de bicicletas, monopatines y patines. La principal novedad es que a diferencia de la de Barcelona corresponsabiliza a los padres de los actos de sus hijos y les obliga a pagar las sanciones que pueden llegar a 3.000 euros por beber en la calle. Los promotores del documento advierten de que también va a ser clave la posibilidad de obligar a los jóvenes a limpiar los grafitis o imponerles trabajos en beneficio de la comunidad.
Los jueces valencianos creen que este aspecto de la normativa es viable desde el punto de vista legal. El Código Penal castiga la acción de los autores de los grafitis mayores de edad con nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad. La Audiencia de Alicante ha propuesto al Ministerio de Justicia que reforme el Código Penal para que este tipo de conductas puedan ser sancionadas con hasta 180 días de trabajos comunitarios. El presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, defiende que es esencial ampliar el plazo para que «pueda llevarse una auténtica actuación rehabilitadora» y se acabe con la impunidad de la que disfrutan los jóvenes. r. f. valencia