Propuesta española

La UE pone límites al ´turismo sanitario´

Si un extranjero residente en nuestro país vuelve al suyo para operarse, será su sistema sanitario el que lo pague

 15:52  

EP Los ministros de Sanidad de la UE aprobaron hoy la nueva normativa que restringe los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro. La nueva norma aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero, con el objetivo de limitar el denominado 'turismo sanitario', que ha favorecido que pacientes se ´salten´ la lista de espera de sus países.

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro, y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. Sí se exigirá autorización cuando se acuda a una consulta privada en el extranjero.

España logra así un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, que es más restrictiva que el plan original de la Comisión. Además, se ha llegado a un acuerdo respecto a los jubilados que residen en nuestro país, que no tendrá que pagar los costes sanitarios cuando el jubilado se trate en su país de origen.

El compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague. En el caso del alemán residente en Mallorca que va a Berlín, sería la sanidad alemana la que se haría cargo de los gastos. En el resto de casos, será el país de residencia el que pague. Es decir, si el mismo jubilado va a tratarse a Francia, sería España la que pague.
Inicialmente, se preveía que fuera el país de residencia y no el de afiliación (es decir, aquel en el que han cotizado) el que corriera con los gastos. Es decir, que si un alemán residente en Mallorca fuera a tratarse a Berlín, la sanidad española debería reembolsarle los costes.

"Es una propuesta realista en la que todos hemos cedido un poco", dijo la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez. La ministra logró bloquear el pasado diciembre el anterior borrador de esta directiva. España alegó entonces que no garantizaba una atención de buena calidad y que supondría un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales.

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